Islandia rechaza pagar los errores de sus bancos

Casi un 60% de los votantes (un 90% hace un año) expresaron su oposición a pagar la factura de los errores cometidos por sus entidades bancarias durante el «boom» financiero. Alicia Coronil Jonsson, profesora de Economía del ESIC, explica a LA RAZÓN que «aunque hay algunos signos de recuperación económica, la opinión pública aún percibe cómo se ha deteriorado su nivel de vida». «Han aumentado los impuestos y se han reducido las ayudas sociales», constata Coronil Jonsson.

De nuevo, el Gobierno «rojiverde» de la socialdemócrata Johanna Sigurdardottir, que pedía el «sí» en la consulta, ha sido castigado en las urnas por una población cada día más decepcionada con su clase política. «Se eligió la peor opinión. La votación ha dividido en dos a la nación», aseguró Sigurdardottir a la televisión pública tras constatar que estaba muy claro que el «no» había ganado. «Debemos hacer de todo para evitar un caos político y económico como consecuencia de este resultado», manifestó la primera ministra, visiblemente contrariada por el resultado.

Una arriesgada inversión
Tampoco están nada satisfechos las autoridades de Reino Unido y Países Bajos, que ya han advertido que recurrirán a la Justicia para recuperar los 3.500 millones de euros que sus Gobiernos pagaron a sus compatriotas con cuentas en Icesave, un banco que operaba en Internet ofreciendo altos intereses a sus clientes. La Haya y Londres han amenazado en numerosas ocasiones con vetar el ingreso de Islandia en la UE si no se resuelve antes este contencioso.

El secretario del Tesoro británico, Danny Alexander, recordó en declaraciones a la BBC que «hay un proceso legal en marcha y seguiremos con él para intentar asegurar que se nos devuelva el dinero que el Gobierno británico ha pagado en los últimos años». En la misma línea, se expresó el ministro de Economía holandés. «Estoy muy decepcionado de que no se aprobara el acuerdo previo. No es bueno para Islandia ni para Países Bajos. El tiempo de las negociaciones ha terminado y ahora Islandia sigue obligada a pagar. El tema ahora depende de los tribunales», aseguró el ministro.

Sin embargo, el camino judicial de este contencioso no parece una tarea sencilla. Elvira Méndez Pinedo, profesora de Derecho Comunitario en la Universidad de Islandia, explica a este diario que el Espacio Económico Europeo, al que pertenecen los tres países implicados, no cuenta con un tribunal como tal. «Se trata de un tribunal similar al de la EFTA, pero cuyas decisiones no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», a la que no pertenece aún Islandia.

El plebiscito fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Olafur Ragnar Grimsson, quien echó mano de esa prerrogativa tras recibir una iniciativa popular que reclamaba la celebración de una consulta, firmada por más de una cuarta parte del censo electoral de esta isla. El nuevo acuerdo, aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento islandés en febrero pasado, establecía rebajar los tipos de interés al 3,3% en su endeudamiento con Reino Unido y al 3% en el caso de Holanda, frente al 5,5% del primer acuerdo.
 

De pesqueros a banqueros
A mediados de los noventa, Islandia se sumó con entusiasmo a la globalización y privatizó su sistema bancario. El país de pescadores se convirtió en un país de banqueros tan rico como sus vecinos. Los bancos se endeudaban en mercados internacionales y ganaban dinero prestándolo luego en su país, donde los tipos de interés se situaban en el 15%. Muchos islandeses se enriquecieron rápidamente y la capital, Reikiavik, se llenó de boutiques de lujo y caros restaurantes.

Sin embargo, la isla del Atlántico Norte despertó abruptamente de su sueño capitalista en 2008, cuando Islandia se convirtió en el primer país occidental castigado por la crisis internacional. Sus bancos, que atesoraban fondos diez veces superiores al PIB de la isla, colapsaron y el Estado tuvo que nacionalizarlos para evitar la bancarrota del sistema financiero.