El manual «adoctrinador» de Ciudadanía sigue en las aulas

La Junta de Andalucía ha sido quien ya ha puesto en guardia a muchos padres objetores al alertar de que al menos en 13 autonomías se utiliza el mismo libro de la asignatura que en su comunidad se considera «adoctrinador». Es decir, el manual escrito por el profesor Juan José Abad y editado por McGraw Hill es también libro de referencia en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Murcia y Navarra.

De este modo, muchos padres y plataformas ciudadanas surgidas contra la asignatura revisan ahora al milímetro cada línea de los manuales que estudian sus hijos, más aún si es el editado por McGraw Hill, y se plantean acudir a los tribunales viendo el precedente andaluz.

Y es que, si bien la batalla jurídica contra la asignatura la cerró el Tribunal Supremo al negar la objeción de conciencia en varias sentencias, sí permitía objetar sobre los contenidos cuando no respeten la neutralidad ideológica.

En concreto, el Alto Tribunal andaluz aseguraba en la sentencia emitida el pasado mes de octubre que el libro «adoctrinador» vulnera los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución. El abogado que defendió el caso, Abel Martínez, basó su argumentación en que el libro «es una imposición total de la ideología de género, tanto en la antropología humana como en la sexualidad y, además, ridiculiza el sentido religioso».

La denuncia, aunque no se ha llevado al juzgado, también ha llegado por parte de algunas asociaciones de empresarios, como la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, quien en un informe reciente se llevaba las manos a la cabeza por lo mal parado que queda el empresario en algunos de estos manuales. En este caso, el libro de McGraw Hill vuelve a estar en el centro de la polémica. De hecho, la asociación empresarial ya se ha quejado de que en éste y otros libros se presente al empresario como «una especie de sanguijuela social que vive de la sangre ajena».

Medidas cautelares
Mientras, algunas organizaciones, como Profesionales por la Ética, esperan atentas el desenlace de la primera demanda presentada en marzo pasado en Estrasburgo que reúne 105 casos de 305 padres e hijos objetores. Estas familias solicitan medidas cautelares que obliguen al Estado a no forzar la entrada de niños en clase. Por otra parte, la plataforma de objetores Madrid Educa en Libertad ha pedido a los políticos que «no se aplique a los objetores el absentismo escolar ni el abandono de la asignatura».