OPINIÓN: Trama de los ERE

Un nuevo caso de corrupción política salta a la luz pública y la sociedad española, acostumbrada a que continuamente aparezca corrupción, no tiene capacidad de reaccionar, puesto que ha adquirido carta de naturaleza y ha anidado en nuestros políticos y en las instituciones. En este caso, nos referimos al fraude de los ERE, que afecta de lleno a la Junta de Andalucía. A los casos de corrupción en el PER, en los cursos de formación, en las subvenciones de la UE, las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla o en el «caso Matsa», entre otros muchos, se une ahora el de los ERE, que por su dimensión cuantitativa y por su dimensión personal de imputados es muy grave. Desde consejeros, directores generales, alcaldes, concejales, dirigentes sindicales y hasta podría llegar a presidentes de la Junta.
Difícilmente se puede llegar a un grado de corrupción tan generalizado y continuado desde la Transición. Los mecanismos del Estado de Derecho únicamente han intervenido a través de las acciones populares, reconocidas en el artículo 125 TC, puesto que la función de la Fiscalía, cuyo artículo 124 TC le asigna la defensa del interés público general y de la legalidad vigente, brilla por su ausencia, al convertirse en un órgano político que obedece a estas consignas y por consiguiente persigue y denuncia lo que políticamente conviene al Gobierno. Menos mal que la acción popular, en este caso representada por Manos Limpias, está ahí supliendo al Ministerio Público, para que hechos punibles no queden impunes, como es el escándalo de los expedientes de regulación de empleo irregulares.
Desde los poderes públicos, con una total impunidad, se ha estado actuando como si la Administración y los fondos públicos fueran un cortijo, donde colocar a familiares, amiguetes o correligionarios del partido. Además, se les premia con fondos públicos fraudulentamente, por el mero hecho de tener relaciones con el poder institucional. Nos constan las torticeras maniobras por parte de la Junta de Andalucía para minimizar el escándalo de los ERE con objeto de tratar de transmitir a la opinión pública que son casos aislados. Finalmente, el anuncio de la personación de la Junta en el proceso no es más que la artimaña y argucia de un lavado de cara.
El Sindicato Manos Limpias, el pasado 13 de marzo, formuló una querella contra los responsables del fraude de los ERE y previamente lo habíamos denunciado ante la Fiscalía.
 Por mucha presión que tengamos, nuestro lema, y obligación al mismo tiempo, es que «hechos punibles no queden impunes». Nos avala para denunciar todo tipo de corrupción, venga de donde venga, y nuestra independencia nos hace libres porque no estamos hipotecados a la hora de denunciar hechos punibles que dañan el interés público, vulneran la legalidad vigente y lesionan gravemente la credibilidad de nuestro sistema democrático.

 Miguel Bernard es secretario general del sindicato Manos Limpias