La Razón del Domingo
A destajo y sin papeles
Trabajaban más de doce horas diarias y sin contrato porque no tenían papeles. El propietario de una empresa de electrodomésticos de Fuenlabrada fue detenido por la Policía Nacional por emplear a diez inmigrantes que se encontraban en situación irregular en nuestro país, según confirmó la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
C. L., administrador único de la sociedad a la que pertenece la empresa de electrodomésticos, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional el pasado 4 de febrero y se le imputa un delito contra los Derechos de los Trabajadores. Además de un local de Carabanchel, el empresario tiene otro local en el polígono industrial de El Palomo, en Fuenlabrada. Allí, la empresa cuenta con una nave donde, además de la venta al público de electrodomésticos nuevos y de segunda mano, también se hacen las reparaciones de los aparatos. La mayoría de los empleados se dedicaban a las labores de reparación y, al estar ubicados al fondo del local (apartado de la zona de venta al público), los clientes que acudían a comprar no podían verlos. Tras detectar la infracción, los agentes acudieron a la nave de Fuenlabrada.
En el momento de la inspección, se encontraban trabajando 20 personas, de las cuales, la mitad se encontraba en situación irregular en nuestro país. Sólo tres de ellos estaban «regulares» y el resto, sin contrato laboral ni cotizar, por tanto, en la Seguridad Social. El empresario se ahorraba unos 50.000 euros al año en cuotas a la Seguridad Social, según fuentes cercanas al caso.
Aunque el horario del negocio de cara al público es de 9 a 21 horas (y de lunes a domingo de forma ininterrumpida), según ha podido saber este periódico, muchos de ellos trabajaban más de esas doce horas en los talleres de reparación situados al fondo de la nave. Un compañero de los detenidos, de origen marroquí, aseguraba la semana pasada a LA RAZÓN que «apenas paran media hora para comer a mediodía». Sin embargo, admitía que «pagan bien».
Los trabajadores de la empresa de Fuenlabrada cobraban desde los 500 a los 1.000 euros mensuales y algunos llevaban trabajando en la nave industrial más de tres años en las mismas condiciones. La operación ha sido realizada por la Unidad Contra Redes Ilegales y Falsificación (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación en colaboración con la Inspección de Trabajo. Por el momento, la empresa sigue abierta y sigue con su ritmo habitual de trabajo.
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