Campanario: «Somos inocentes no pacto mi dignidad»

La Audiencia enjuicia a una treintena de acusados de estafar a la Seguridad Social para obtener fraudulentamente una incapacidad laboral, entre ellos la esposa del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, que se sentará en el banquillo bajo una petición del fiscal de cuatro años y medio de cárcel.

El primero en solicitar la anulación del juicio ha sido el letrado Felipe Meléndez, defensor del inspector médico Francisco Casto Lara (uno de los principales imputados), quien se ha referido a los principios de acuerdo que algunos de los acusados podrían haber alcanzado con la Fiscalía.

Meléndez ha cuestionado la imparcialidad del juicio y ha considerado "de suma gravedad"que haya "dos grandes bloques"en el banquillo de los acusados, "los conformes, quien se conforma con el relato de los hechos", y los "no conformes, que no están dispuestos a acogerse al escrito de calificaciones". Además, este letrado ha pedido que se anulen las escuchas intervenidas durante la 'Operación Karlos' ante la "falta de control del juez de instrucción".

Por su parte, Francisco Baena Bocanegra, abogado de María José Campanario y de su madre Remedios Torres, ha calificado el juicio como la "instrucción don teléfono"porque todo el caso "se ha montado a través de las escuchas". Baena Bocanegra ha incidido en que "la verdad no se puede conseguir a cualquier precio"y que "las grabaciones no han hecho otra cosa que contaminar todo el procedimiento".

El defensor de María José Campanario se ha referido también a los posibles pactos que podrían haber llegado algunos de los acusados y ha afirmado que "no le preocupa", sobre todo después de haber escuchado a su cliente decir: "somos inocentes, no pacto mi dignidad".

José Blas Fernández, letrado de José García Gutiérrez, uno de los supuestos beneficiarios de las pensiones por invalidez, se ha sumado a la petición de declarar el juicio nulo ante las "múltiples incidencias dadas en las escuchas". Fernández ha afirmado que la 'Operación Karlos' fue una "investigación desarrollada sin control judicial con un auto estereotipado", por lo que lo "único que cabe es expulsar las escuchas telefónicas".

Jesús Serrano, abogado de Jarol Escalante, (médico de cabecera imputado en la trama) ha pedido los nombres de los Guardia Civiles que acudieron a la clínica donde supuestamente se hacían las evaluaciones médicas ya que no saben quiénes fueron.


María José Campanario podría pasar más de 4 años entre rejas
Medio centenar de personas concentradas ante las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz han recibido con insultos y gritos de "ladrones"a los acusados de la "operación Karlos", sobre una trama para obtener pensiones fraudulentas, a su entrada a los juzgados, donde esta tarde ha comenzado la vista oral.

Pasadas las tres y media de la tarde ha entrado María José Campanario, acompañada de su marido, el torero Jesulín de Ubrique, y de su madre, a quienes han gritado "¡Ladrones!"y "¡Váis a ir a Puerto II!"algunos de los congregados ante la puerta de la Audiencia, donde también hay numerosos medios de comunicación, en especial de la prensa del corazón.


Un plan para obtener dinero a cambio de pensiones
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal explica que Carlos Carretero, exjefe de la policía municipal de Ubrique (Cádiz) ideó un plan para obtener dinero de personas a las que ofreció obtener de forma fraudulenta pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Para ello se puso de acuerdo con su amigo Francisco Casto Perez, un inspector médico destinado en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía, quien, por este cargo, tenía una situación "privilegiada"para controlar y tramitar altas y bajas en los expedientes de incapacidad laboral, según el fiscal.

Entre las personas que obtuvieron la incapacidad laboral estaba, según el escrito del fiscal, Remedios Torres Jiménez, la madre de María José Campanario, que no trabajaba y tenía ya reconocida una minusvalía sin derecho a pensión.

María José Campanario, que siempre ha mantenido que fue engañada y que ella es inocente, ha rechazado pactar su condena con el fiscal y aceptar su culpabilidad, a cambio de reducir su condena hasta dos años de prisión, con lo que conseguiría que se le conmutara el ingreso en la cárcel.

Ella, su madre y el inspector médico Francisco Casto, para quien el fiscal solicita diez años de prisión al igual que para Carretero, son de los pocos acusados que no han aceptado ese acuerdo, según fuentes jurídicas.