Murcia derivará abortos a otras CC AA hasta acreditar a las clínicas

Madrid- La Consejería de Sanidad de Murcia derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazos porque este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, donde la objeción de conciencia es del cien por cien, y la nueva Ley del Aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora.

La Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que entró en vigor el lunes, obliga a las clínicas a que «se reacrediten» y ninguna de las cinco con las que existía concierto se han dirigido a la Administración para formalizar tal solicitud, según explicó a LA RAZÓN un portavoz de la Consejería de Sanidad de Murcia.

Las mismas fuentes responsabilizan del marco de inseguridad jurídica al Gobierno por la falta de previsión en sus plazos y el escaso tiempo que han tenido tanto comunidades autónomas como clínicas para adaptar certificaciones o preparar la información que reciben las pacientes que optan por abortar.

El Ministerio de Sanidad ha estimado en unos cuatro meses el tiempo de adaptación a la nueva ley. Desde la Consejería de Sanidad murciana se advierte de que estudiarán con mucho detenimiento las condiciones técnicas y las garantías necesarias antes de conceder las autorizaciones a las clínicas privadas. Argumento que ligan a su exigencia de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie antes de poner en marcha el proyecto. Con todo, no está previsto que el TC se pronuncie, al menos, en una semana.

Además, Murcia constituirá un registro de objeción de conciencia y creará, asimismo, un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación.

Madrid, por su parte, aseguró ayer que cumplirá la ley, en sintonía con la posición oficial del PP, marcada por la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que insistió en la urgencia de que se pronuncie el TC. Rajoy esquivó la polémica y no dijo nada al respecto en un acto en Toledo. El homólogo de Sáenz de Santamaría en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, defendió que se establezcan «todas las medidas posibles» para que la nueva ley «no se consolide en la conciencia de los españoles».