El Gobierno «intocable» en las huelgas educativas

MADRID- Los sindicatos han vertido estos días multitud de críticas sobre la gestión de la Educación en las diferentes comunidades autónomas. La mayoría gobernadas por el PP. Eso sí, pocas –nulas, habría que decir– se han escuchado contra el Gobierno central. Algo chocante, teniendo en cuenta el demoledor «Informe sobre los recortes en educación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011», elaborado por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT. En el texto, presentado en octubre de 2010, el sindicato mostraba su preocupación ante la «drástica reducción» de un 38 por ciento en las inversiones frente al presupuesto del año anterior.

UGT tocaba en aquel texto todos los «palos» que han motivado las actuales movilizaciones. Así, en cuanto a los recortes en la oferta de empleo público para 2011, señalaba que «no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales». El sindicato apuntaba que en los Presupuestos se reducía la tasa de reposición un 10 por ciento y no se incluía ninguna excepcionalidad.

También se hacía referencia a los recortes en las retribuciones de los funcionarios docentes, una disminución salarial que «nos hace retroceder al año 2006 en cuanto al poder adquisitivo de los funcionarios públicos». De hecho, recuerdan que el profesorado, aparte de sufrir una congelación salarial en 2010, «ya sufrió un recorte en sus retribuciones en una media de un 5 por ciento». UGT no se olvidaba de criticar la partida dedicada al Ministerio de Educación –2.998 millones de euros–, un 8 por ciento menos con respecto a 2010.

Su conclusión es demoledora: «El día a día de los centros educativos se verá condicionado por los recortes presupuestarios en educación; el fuerte retroceso en la formación permanente del profesorado, la reducción de las plantillas y la eliminación de plazas con el consiguiente aumento de los ratios, son sólo algunos ejemplos del difícil panorama educativo». No en vano el Gobierno había «cambiado» sus planteamientos con un «giro radical en su política económica y social».

«¿Alguien se quejó?»
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, recordó estas denuncias de UGT. «¿Alguien se ha quejado?», afirmó ayer durante una entrevista en TVE, donde criticó el hecho de que no se produjeran entonces movilizaciones por estos recortes. Durante la entrevista, Figar elevó a 783 la cifra de interinos contratados hasta el momento por la comunidad para el curso escolar. Cifra que podría llegar al millar. El pasado año fueron contratados unos 1.700.

En cuanto al seguimiento en el segundo día de paro de la huelga, continúa la guerra de cifras entre los sindicatos y la Comunidad de Madrid. CC OO, ANPE, CSI-F y FETE-UGT cifraron el seguimiento entre un 78 y un 80 por ciento –porcentaje similar al de la primera jornada–, mientras que la comunidad lo reducía al 39 por ciento. Lo cierto es que, en el día de ayer, una cadena de manifestantes, compuesta por cientos de personas, rodeó la Consejería madrileña de Educación.

Mientras, Esperanza Aguirre pidió ayer a los profesores de secundaria que no «priven» a los alumnos del derecho a la educación ni «confundan a la opinión pública» porque sólo les reclama que hagan «un esfuerzo suplementario» y que impartan dos horas más de clase a la semana.

La concertada también pide mejoras
Los profesores de Secundaria no son los únicos que se lamentan por su situación. FSIE MADRID, sindicato que representa a los trabajadores de los centros de enseñanza privada y concertada de la Comunidad de Madrid, criticó ayer que los docentes de este último tipo de educación impartan 25 horas semanales de clase y en cambio «nadie complementa el salario» que perciben, como sí ocurre con los de Secundaria. Precisamente, en sus críticas contra el Gobierno el pasado año, UGT denunció que los recortes en la enseñanza concertada suponían «la mayor agresión sufrida» por los trabajadores de este tipo de educación, con un 5 por ciento de disminución en sus salarios.