El PSOE convalida el «decretazo» y la Junta culpa a los medios de la polémica

La Junta y el PSOE responsabilizaban hasta ahora del clima de crispación y rechazo generado en torno al decreto de reordenación del sector público a «pseudosindicatos», «plataformas fantasmas», «funcionarios radicales» o a la «manipulación del PP». Desde ayer, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, añadió a los medios de comunicación a esta lista, ya que la «intoxicación mediática» y la «burda campaña» han sido, a su juicio, las claves para que el Gobierno andaluz haya decidido que se discuta en el Parlamento, ya que quieren impulsar un debate «sereno».

La mayoría absoluta del PSOE-A permitió que se diera el primer plazo de esta nueva estrategia: la convalidación del decreto 6/2010, heredero del anterior.

PP e IU votaron en contra, ya que exigieron su derogación para empezar de cero. Su propuesta no fue atendida y ahora presentarán enmiendas al texto ya aprobado y que está en vigor. Ambos partidos, sobre todo los populares, dudan de la voluntad del Ejecutivo andaluz para aceptar cambios.

Martínez Aguayo vinculó la formulación de este decreto al compromiso de todas las comunidades de reducir el déficit adquirido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un argumento que ella misma ha puesto en duda en otras ocasiones, ya que ha reconocido que, por ejemplo, el gasto en personal aumentará a medio plazo por la homogeneización salarial de los empleados públicos. Las economías de escala, la eliminación de sedes o la amortización de puestos directivos permitirá un ahorro de 118 millones.

Sin embargo, este último aspecto fue puesto en duda por el PP. Su secretario general, Antonio Sanz, aseguró que de los 90 despidos que se han producido en la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) ninguno ha afectado a directivos. «Ahí es donde está el asunto importante, mantener el poder y las cuestiones internas de su partido», apostilló.

El PP considera que el nuevo decreto es una respuesta «inconstitucional a la inconstituciona-lidad del primero» . Además, Sanz calificó el nuevo texto de «aberración jurídica y política» y aseguró que el Gobierno no está dispuesto a cambiar «ni una coma».
Los populares presentarán enmiendas al texto que pasarán por incluir aspectos como la «austeridad, profesionalización, despolitización, eficacia y diálogo».

También IULV-CA apuesta por un «modelo profesionalizado» de la Administración. Su portavoz, Diego Valderas, exigió un acuerdo «sindical y político» para acabar con la «Administración paralela». Anunció la voluntad de su formación de mejorar el texto «sin condiciones» y mostró su deseo de que la tramitación parlamentaria no se convierta en una «propuesta-trampa».

El decreto se debatirá ahora en comisión, donde participarán los agentes sociales. En el PSOE-A, será José Caballos el que dirija los trabajos. El que fuera portavoz parlamentario asumió ya ayer el protagonismo en detrimento de Mario Jiménez, que ha cargado con dureza contra los sindicatos opositores. Caballos habló de proyectos similares en comunidades del PP como Madrid o Galicia.

Uno de los sindicatos que ayer anunció que no se sentará es Safja, para el que «los derechos de los funcionarios no se negocian». La Junta ultima los estatutos de las agencias, pero Safja exige la derogación del decreto.

De forma paralela, continúan las actividades de protesta. La asociación «Defiendo Mi Derecho y La Gestión Pública» organiza mañana un congreso en Sevilla en el que se debatirá sobre este decreto en particular y sobre transparencia en la Administración de forma general.


Cadena humana ante el «rodillo parlamentario»
Empleados públicos convocados por el sindicato CSIF formaron ayer una cadena humana en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, para exigir la derogación del decreto 6/2010. CSIF, que no asistió a una reunión anunciada por el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, por desconocerla, dijo que el Partido Socialista está «enrocado», no tiene «voluntad de escuchar» y aplicará el «rodillo parlamentario» durante la tramitación del nuevo decreto en la Cámara.