Contactos: el Gobierno «olvida» su compromiso de prohibición

La salida del Gobierno de la titular de Igualdad, Bibiana Aído, y de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha supuesto un frenazo en seco a los planes del Gobierno de erradicar la presencia de los anuncios de contactos en los medios de comunicación, a pesar de que las operaciones policiales desarrolladas durante 2010 han vuelto a dar muestras de que las mafias de la trata se valen en buena medida de los anuncios por palabras de los periódicos para hacer negocio.

El empuje que De la Vega y Aído dieron a este asunto no ha tenido, sin embargo, continuación en sus sucesores. Leire Pajín, ministra de Sanidad e Igualdad, y Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero, parece que tienen otros intereses.

Espera desde octubre
Los plazos manejados por el anterior equipo de Igualdad, estimaban que el informe del Consejo de Estado, que debe aportar mecanismos legales al Gobierno para erradicar este tipo de anuncios, y por lo tanto es el primer paso necesario para arrancar las gestiones que lleven hacia la prohibición, estaría listo a finales de octubre o principios de noviembre. Sin embargo, el Consejo sigue sin dar respuesta a la consulta. Ha comenzado un nuevo año y no sólo no existe aún el mencionado informe, sino que además, el Consejo de Estado no tiene un plazo estimado para hacerlo.

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de septiembre una proposición no de ley de UPN por la que se instaba al equipo de José Luis Rodríguez Zapatero a presentar, en un plazo de cuatro meses, una propuesta para retirar de los medios de comunicación esta publicidad vejatoria para las mujeres y lucrativa para las bandas del crimen organizado.

Cuadrar los intereses
Durante la última reunión de Rubalcaba con los editores, el vicepresidente abogó por la supresión de la publicidad de sexo en los periódicos porque estos anuncios «no hacen ningún bien a nadie». En cambio, anunció que la solución al problema pasa por el diálogo con los medios implicados para «buscar una fórmula en la que cuadren todos los intereses».

Esta actitud no ha gustado nada a los grupos parlamentarios. Carlos Salvador, diputado de UPN y principal valedor de la proposición no de ley aprobada en septiembre, lamenta que a pesar de las promesas «todo sigue igual». «El Gobierno ha aparcado este asunto porque debe de tener otras prioridades», dijo.

Por ello, el pasado viernes registró tres preguntas a la Mesa del Congreso, en las que solicita información sobre las medidas puestas en marcha para fomentar la autorregulación de los medios de comunicación y sobre los resultados de las reuniones mantenidas con los responsables de los diferentes medios de la prensa escrita.

Colaboración regional
Además, Salvador requiere información sobre las gestiones llevadas a cabo con las comunidades autónomas para la puesta en marcha de campañas de concienciación y sobre los acuerdos que ya se hayan concretado.

Finalmente, Carlos Salvador pide una explicación sobre el estado del informe del Consejo de Estado, sobre los plazos previstos para la resolución de la petición y sobre las gestiones realizadas en este sentido.

Mientras, la proposición no de ley que fue aprobada en el mes de septiembre se halla paralizada, aunque éste es uno de los objetivos del plan contra la trata de personas, que lleva ya dos años en vigor. Ni se cumplen plazos ni se dan otros nuevos.