Vía libre a la ley que fija en 30 días el plazo de pago para la Administración

La reforma de la Ley de Morosidad, un empeño de CiU con el que se reducirá la mortalidad de pymes y empresas.

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MADRID- Agricultores, ganaderos, fabricantes de materiales de construcción y autónomos en general ganaron ayer una importante batalla para la supervivencia de sus negocios. Y no porque se haya empeñado en ello el Gobierno, sino por la insistencia de CIU, que fue quien impulsó hace meses a la Cámara Baja la reforma de la Ley de Morosidad y lo ha conseguido. ¿El artífice? Su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre, un convencido de que con la nueva ley se reducirá notablemente el índice de defunción de PYMES y autónomos. Y es que el nuevo texto fija en un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 en el caso de las Administraciones Públicas, si bien establece un periodo de adaptación progresivo para el sector público que empezará con una escala de 50 días para este año; 50 para 2011; 45 para 2012 y 30 desde el 1 de enero de 2013.

Sector privadoEn el caso de las empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos –que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos– el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días a partir de 2013.La norma establece que el Gobierno determinará un régimen especial de pagos para el sector del libro que tendrá en cuenta las especiales circunstancias del sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de stocks y el específico régimen de depósitos. Las constructoras de obra pública tendrán también plazos distintos para pagar facturas a sus subcontratistas.El Congreso aprobó ayer todas las correcciones del Senado, incluso con el voto del PSOE, que se había mostrado reticente durante la tramitación en el Senado a muchas de ellas. Los socialistas fueron, sin embargo, derrotados en una enmienda que obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos. Era la vigésimo cuarta derrota en Pleno del PSOE, pero esta vez, no en una moción o proposición no de ley, sino en un cambio legal de obligado cumplimiento. La reforma persigue equiparar los plazos de pago con los que se registran en otros países de Europa y aumentar así la competitividad de las empresas españolas, ya que hoy la Administración tiene pendientes de pago con las empresas por un monto total de 38.000 millones de euros, mientras la deuda de las entidades privadas con sus proveedores es 60.000 millones.