Transformación y retos pendientes por Isidro Fainé

El estallido de la crisis en 2007 marca un antes y un después para el sistema bancario español. A lo largo de estos años, las crecientes dudas sobre la capacidad de las entidades para hacer frente al deterioro de sus activos se han traducido en un reconocimiento acelerado de unas pérdidas potenciales muy elevadas y de un constante reforzamiento de la base de capital.

Las entidades bancarias españolas, entre junio de 2008 y diciembre de 2011, realizaron un gran esfuerzo de saneamiento de sus balances, destinando a provisiones 112.000 millones de euros. Entre 2011 y 2012, tras los reales decretos 2/2012 y 18/2012, se añadirán a esta cifra casi 60.000 millones más para cubrir pérdidas potenciales de la cartera inmobiliaria, problemática y sana. En suma, un saneamiento equivalente al 16% del PIB que debería permitir soportar fuertes caídas en los precios, hasta del 87% en el suelo problemático.

El saneamiento realizado hasta 2011 no se ha reflejado en una reducción del capital de mayor calidad. En ese periodo se incrementó en unos 50.000 millones, pasando la solvencia del 6,3% al 9,8%. Y esto ha sido posible gracias a la capacidad de las entidades de generar beneficios y a las ampliaciones de capital efectuadas, con recursos públicos sí, pero, también y sobre todo, privados (más del 60%).

En este año 2012, el cumplimiento de los reales decretos 2/2012 y 18/2012 supone un gran reto para el sistema bancario. Su implementación tensionará las cuentas de resultados y, en un entorno macroeconómico recesivo, puede generar importantes necesidades de capital. Necesidades que, si no pueden absorberse mediante beneficios o acudiendo a los mercados de capital, serán cubiertas con recursos públicos, en forma de bonos convertibles contingentes, a un elevado coste y reembolsable en un plazo no superior a cinco años.

Por todo ello, es fundamental mejorar la capacidad de generar beneficios de las entidades actuando sobre la eficiencia. Ante un escenario de un menor volumen de negocio (desendeudamiento), menores márgenes (guerra del pasivo), y un fuerte aumento del coste del riesgo (dotaciones), es imprescindible ajustar la capacidad instalada. En este sentido, las cajas ya han pasado de ser 45 en 2008 a 11. Su tamaño medio ha aumentado desde 30.500 millones a más de 100.000 millones de euros. Asimismo, desde los niveles máximos de 2008, la plantilla se ha reducido en un 10,9% y las oficinas, en un 13,8%. Un ajuste sustancial, muy relevante, pero que todavía no ha finalizado.

El sistema bancario español ha vivido, pues, una reconversión enorme para mejorar su solvencia y está capacitado para asumir el coste del estallido de la burbuja inmobiliaria a nivel agregado. Pero la situación es muy diversa entre entidades y la desconfianza de los inversores persiste, dado el contexto macroeconómico recesivo. Por todo ello, a pesar de que el esfuerzo ha sido ingente, aún no es suficiente y el sector debe continuar su reestructuración. Al igual que para la economía española en su conjunto, el objetivo en nuestro sistema financiero es restablecer el normal funcionamiento de los mercados y la confianza en nuestra capacidad de crecimiento y generación de riqueza.