Sebastián sobre el ATC: «He hecho mi trabajo le toca al Gobierno»

El informe técnico elaborado por el Ministerio de Industria, sitúa a Zarra (Valencia) y Ascó (Tarragona) como los municipios mejor situados para ubicar este almacén nuclear.

"El Ministerio ha cumplido con su trabajo y estamos satisfechos", ha dicho Sebastián, que ha calificado el informe de "impecable, público, transparente y debatible como nunca se había hecho en este país".

Ahora corresponde al Gobierno tomar la decisión final, ha apuntado a la salida del Pleno del Congreso el ministro, quien ha asegurado que el informe complementario que el pasado viernes decidió pedir el Consejo de Ministros "ya se ha presentado".

Preguntado por cuándo adoptará el Ejecutivo la decisión final, Sebastián ha señalado que "él no hace el orden del día del Consejo de Ministros"y ha apuntado que la decisión de "cuándo se lleva"corresponde "a la persona que coordina este Gobierno".

Sebastián ha añadido que el no hacer el ATC "no es una opción realista para España"y ha explicado que si no se construye habrá que hacer almacenes individuales en cada central, lo que resultará más caro y menos seguro.

"El almacén tiene que salir lo antes posible", ha insistido Sebastián, que ha recordado que, a partir de enero, España deberá pagar a Francia una multa de 60.000 euros al día por mantener allí sus residuos radiactivos.


Contra la «basura nuclear»


Por otra parte, medio millar de personas se han concentrado hoy frente al Ministerio de Industria en contra de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para guardar la "basura nuclear", a la que han acudido fuerzas políticas, grupos ecologistas y alcaldes y vecinos de Castilla-La Mancha y Valencia.

Activistas de Greenpeace disfrazados de barriles amarillos radiactivos y con pancartas contra el almacén de residuos de alta actividad han precedido la ruidosa protesta en el Paseo de la Castellana, arteria principal de la capital.
 
Los manifestantes más numerosos han sido los vecinos llegados en coches y una veintena de autobuses desde el Valle de Ayora (Valencia) y de los pueblos vecinos de Albacete, que se oponen a este silo nuclear en la localidad de Zarra.

Durante toda la protesta se han proferido gritos y cánticos contra el "cementerio nuclear"y se podían leer carteles con las leyendas: "Si no es perjudicial, a la Moncloa", "Cuesta poco decidir si no se vive allí"y "Basura nuclear no".

En declaraciones a la prensa, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha exigido un debate nacional sobre este asunto, previa garantía de que se cierren todas las centrales nucleares y solo entonces "llegar a un acuerdo sobre el destino de los residuos".

"Desgraciadamente presumimos que en este momento, de acuerdo con los siete mandamientos de Aznar, entre ellos mantener la energía nuclear, hay un pacto entre Rajoy y Zapatero de continuar con las nucleares (...). Por tanto hay un problema de fondo más allá de que sea un pueblo u otro el elegido para montar un cementerio nuclear".

Más explícito ha sido el presidente del PP en la provincia de Valencia y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que ha señalado que el Gobierno central no da a su comunidad "ni agua y ahora nos envía como regalo un ATC: que se lo meta donde le quepa".

Ha añadido que su partido está en contra del almacén, donde se guardarán los residuos de todas las centrales nucleares españolas, porque la ciudadanía de la zona también se opone al mismo.

Por su parte, la secretaria general socialista de la provincia de Valencia, Carmen Martínez, se ha felicitado de que "por primera vez"un representante del PP asista a una protesta en contra del almacén nuclear y ha criticado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, aún no haya "abierto la boca sobre este asunto".

"Con su silencio está haciendo que (el proyecto en Zarra) sea más posible", ha añadido Martínez, que también le ha pedido aclarar si los terrenos en esa localidad valenciana para el ATC pertenecen a la familia del consejero valenciano de Medio Ambiente, Juan Cotino.

El responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha insistido en que la construcción de un almacén temporal centralizado es "muy negativa", entre otras razones por los riesgos "inherentes"de accidentes de esta instalación y por el alto coste que implica, que ha cifrado en alrededor de 1.200 millones de euros.

A su juicio se ha elegido la solución que más beneficia a las compañías eléctricas -propietarias de las nucleares-, ya que de esta manera el coste de gestión y mantenimiento de los residuos de alta radiactividad recaerá en la empresa pública ENRESA, en consecuencia en los ciudadanos, en lugar de en estas empresas.

Entre los alcaldes que han asistido a la manifestación figuran el de Almansa y el de Ayora.