Los pufos de Cascallana (II)

MADRID- Uno de los casos más «sangrantes» es el del complejo cultural CREAA, en el que Cascallana invirtió 120 millones y que no acabó de construir. Otro fue el del Centro Integral de Mayores Hermanos Laguna en el que el ex regidor gastó 12 millones, modificó en dos ocasiones las obras y dejó el proyecto empantanado.

La historia se remonta al año 2007, cuando el Ayuntamiento recibe la cesión del antiguo Hospital Hermanos Laguna por parte de la Seguridad Social. Cascallana adjudica el proyecto a la UTE formada por Imaga S.A. y Terratest S.A. por 4.385.547,39 euros para realizar un centro de mayores.

En el transcurso de las obras, el ex regidor cambia de opinión y decide que la cuarta planta del inmueble se destine a oficinas para la Concejalía de Bienestar Social. Esta modificación, unida a otra indispensable para la solidez y seguridad del edificio, supone la modificación de casi el 60% del proyecto inicial (incluso se tuvo que demoler una parte de las obras iniciadas) y el encarecimiento del presupuesto en un 51,63%, según pudo saber este periódico.
Tal fue el desajuste que, según un informe realizado por los servicios jurídicos municipales hace sólo unos días, «habría sido más conveniente para los intereses municipales no haber ejecutado el proyecto inicial y haber diseñado un nuevo edificio».

Pero los cambios de opinión de Cascallana y el encarecimiento de la obra no son los únicos problemas de la obra aún sin acabar. El ex alcalde decidió aprovechar los trabajos en el antiguo hospital para realizar una plaza en la parcela contigua. Para llevar a cabo este segundo proyecto, era necesario en primer lugar que el Ayuntamiento comprara los derechos del suelo a los cinco propietarios de dicha parcela, así como realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Sin embargo, Cascallana realizó la modificación sin haber resuelto los derechos del suelo con todos los dueños de la parcela (a uno de ellos le compra el 54 por ciento del total por 3,5 millones de euros).

La advertencia de los letrados
Pese a todo esto, antes de irse, Cascallana adjudicó el proyecto de la plaza e incluso parte de la explotación del centro a dos empresas. Aquello provocó que los servicios jurídicos municipales hayan concluido que las obras fueron «ilegales al infringir el uso y destino de las fincas y al no prosperar la modificación puntual, se deberá demoler lo ejecutado».

Cuando el equipo de David Pérez (PP) entró en el Consistorio se encontró con que a uno de los propietarios aún se le debe el 22 por ciento de lo acordado; que los otros cuatro dueños de la parcela no han vendido su parte porque piden más de lo que les ofrecía Cascallana; y que hay que pagar indemnizaciones a todas las empresas a las que se les adjudicó parte del proyecto por «daños y perjuicios» por los retrasos.