Dos semanas de agonía para una «muerte digna»

La mujer, de 91 años, fue ingresada el pasado 26 de julio en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en estado de coma irreversible tras sufrir un infarto cerebral. Los facultativos descartaron cualquier actuación dada la avanzada edad de la paciente y el carácter irreversible del trombo, por lo que fue trasladada al hospital concertado Blanca Paloma, especializado en el tratamiento de personas mayores. Una vez allí, y tras varios días de ingreso, el 4 de agosto la mujer fue sondada por los médicos del centro como medida para ser alimentada.

Reclamación familiar
Después, y a pesar de que inicialmente la familia accedió al tratamiento, José Ramón Páez, uno de los hijos de Estévez, se puso en contacto con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, desde donde recibió asesoramiento para interponer una queja ante la Consejería de Salud para solicitar que se le retirase la alimentación artificial a su madre, hecho que finalmente se produjo el pasado 23 de agosto y que acabó ayer con la vida de Ramona.

Para la plataforma Derecho a Vivir (DAV), que denunció los hechos ante la Justicia onubense por entender que constituían un delito de omisión de socorro y de inducción al suicidio, «este caso debe servir para que la población tenga muy en cuenta que, a partir de ahora, cualquier enfermo puede ser tratado con la misma crueldad con que ha sido tratada Ramona Estévez». La portavoz de la asociación, la doctora Gador Joya, advirtió que, ante estos hechos, «cualquiera que entre inconsciente en las Urgencias de un hospital puede enfrentarse a que un tercero decida sobre si su vida merece la pena ser vivida», dado que, en el caso de Ramona, no existía ningún testimonio por escrito en el que constase su voluntad de no prolongar su vida de manera artificial.
Así, el portavoz de DAV en Huelva, Eduardo Gómez, consideró lo ocurrido como un «caso claro de eutanasia» y de «desamparo ante una voluntad supuesta», ya que únicamente se ha basado la decisión para terminar con su vida en el testimonio de los hijos de la mujer fallecida. Gómez motivó la muerte de Ramona «no como consecuencia del infarto cerebral que sufrió, sino por inanición, al no recibir ni comida ni bebida».

De hecho, para César Nombela, catedrático de Farmacia de la Universidad Complutense y miembro del Comité Español de Bioética, «la colocación de una sonda nasogástrica para alimentar e hidratar a un enfermo en estas condiciones, no es una medida extraordinaria, ni un tratamiento especial; es una medida de soporte vital que los facultativos utilizaron en aplicación de su criterio de acuerdo con la ‘‘lex artis''. Su retirada por decisión administrativa contradice ese principio, puede acelerar la muerte y causar un deterioro».

Javier Rocafort, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, explica que la paciente, incluso, podría haber vivido más sin la sonda nasogástrica. «Cada caso tiene su evolución, algunos pacientes pueden vivir una semana, otros, un mes o mes y medio», asegura. Además, en este caso, ni la familia ni el hospital han aclarado «si se ha optado por la hidratación cero» o, al menos, se le ha suministrado agua, porque, de acuerdo con Rocafort, «hay muchas formas de hacer las cosas».

Por su parte, la Consejería de Salud de Andalucía se escuda en la ley de muerte digna que existe en la región para justificar el caso, si bien DAV criticó la «arbitrariedad y ligereza» al intervenir con una orden directa.

«Ya está descansando»
El hijo de la fallecida, José Ramón Páez, se mostró ayer aliviado por el hecho de que su madre «ya esté descansando». En declaraciones a Efe, insistió en que lo único que se ha hecho, en relación a su caso, ha sido el de cumplir la voluntad que muchas veces la anciana expresó en vida. El hecho es que no pidió la retirada de la sonda hasta que fue asesorado por la asociación Derecho a Morir Dignamente. Esta entidad lamentó ayer el «sufrimiento» de la familia.