El conocimiento del catalán será «determinante» para lograr papeles

La última encuesta del CEO desveló que la mitad de los catalanes considera que hay demasiados inmigrantes y que su situación se regulariza con excesiva manga ancha. El sondeo fue ayer objeto de debate durante la reunión del Ejecutivo de Artur Mas, que no tardó en anunciar medidas. A partir de ahora, el gobierno catalán piensa exigir el conocimiento de la lengua catalana como criterio «determinante» a los extranjeros que aspiran a tener papeles.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, se amparó en la Ley catalana de Acogida y en la Ley española de Extranjería para comunicar las iniciativas que va a adoptar la administración autonómica. «A la Generalitat le corresponde la certificación del esfuerzo de integración de las personas inmigradas respecto a los expedientes de arraigo, de renovación de residencia y de reagrupación familiar. Y cuando lo haga, el criterio principal de la Generalitat –o uno de los criterios principales– será la cuestión lingüística. La lengua propia de Cataluña es el catalán y para nosotros es fundamental», afirmó Homs.

 Lo que se propone el Gobierno de CiU, en suma, es «dejar atrás el discurso buenista que incluso había predominado en la Generalitat» y aplicar a rajatabla las previsiones de la Ley de Acogida, que, según Homs, «no se ha podido o no se ha querido aplicar en su momento». «Para hablar de plena integración debe haber, entre otras cuestión conocimiento de la lengua propia del país. Nos parece tan elemental que se debe hacer», insistió.

Aunque tripartito y CiU aprobaron de la mano la Ley de Acogida, los convergentes creen que, hasta ahora, no ha habido un proyecto claro en inmigración, una circunstancia que se proponen cambiar poniendo el acento en los derechos y deberes de los extranjeros. «Y subrayo deberes», sentenció Homs.

La Ley de Acogida fue aprobada en abril de 2010 y consagró el catalán como «la lengua común» de Cataluña. Esta norma preveía la concesión de «certificados oficiales» a todos aquellos inmigrantes que se sometieran a un curso de 135 horas de conocimientos básicos del catalán, así como otras clases de menor duración sobre la sociedad catalana y su mercado laboral. El PP criticó esta ley porque, a su entender, establecía el catalán como «un peaje» para la obtención de papeles y porque la Administración no garantizaba la enseñanza del castellano, que quedó en segundo lugar.


Exclusión del castellano en Girona
- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió ayer cautelarmente varios preceptos del uso del catalán en la Diputación de Girona, como ya hizo con los reglamentos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lleida en octubre.
- La decisión del TSJC se basa en la «sustancial identidad» de estos artículos con algunos de los preceptos ya declarados nulos en los otros reglamentos.
- El reglamento de la Diputación de Girona contempla la obligación de realizar actuaciones internas en catalán, la señalización de oficinas y despachos de la Diputación en catalán, y el uso de impresos en catalán en la corporación municipal. El TSJC observa una exclusión del castellano «clara y contudente».