La píldora del fracaso

El 28 de septiembre se cumplirá un año de la decisión del Gobierno de permitir la venta de la píldora del día después en farmacias sin necesidad de receta médica. La polémica que desató aquella actuación política no ha decrecido, porque, entre otras razones, el seguimiento de las consecuencias de la iniciativa ha demostrado la tremenda equivocación que supuso. El balance de las cifras reales de venta en estos doce meses, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, describen un tan notable como sintomático aumento del consumo de un fármaco con importantes efectos secundarios. De hecho, se ha convertido en el producto que más ha crecido en las farmacias. De las 935 diarias que se despachaban hace un año se ha pasado a las 2.100 unidades después de que el Ejecutivo marginara a los médicos en la prescripción, lo que supone un crecimiento del 139%, cuando era un fármaco en claro decrecimiento, según las estimaciones del sector. Para los profesionales del mercado farmacéutico, los espectaculares números son sólo comparables proporcionalmente a los del lanzamiento de un medicamento estrella, pero lamentablemente hablamos de un cóctel hormonal de impredecibles consecuencias.

La génesis de aquella decisión del Ministerio de Sanidad puso de manifiesto que al Gobierno le interesó más que se vendiera la píldora que preservar la seguridad médica de las usuarias, la mayoría jóvenes que necesitaban del consejo médico. Ese propósito fue evidente cuando se desoyeron las protestas reiteradas de los farmacéuticos y las advertencias de distintas instancias médicas y científicas sobre su uso excesivo o cuando se ocultó un informe de la Agencia Española del Medicamento que detectaba problemas de seguridad en el principio activo de la píldora. Incluso cuando se alteró el protocolo farmacológico, que determinaba que esa sustancia en concreto debía ser prescrita por un facultativo. Se ignoraron todas las razones científicas que desaconsejaban esta especie de «barra libre» para ese medicamento y se sortearon las trabas administrativas con piruetas como clasificar la píldora como «medicamento ético» para facilitar la venta libre y con publicidad.

Hoy, un año después de la controvertida decisión, el Gobierno saca pecho de los 3.000 abortos menos practicados el pasado año y lo atribuye a la dispensación de la píldora del día después. Pero más allá de que ese discutido descenso en el número de interrupciones sea cuestionado hasta por las propias clínicas o que el número de 112.000 abortos sea dramático en sí mismo, el país no puede acompañar al Ejecutivo en su entusiasmo por una política global contra el derecho a la vida, en la que la «Ley Aído» y la libre comercialización de las píldoras postcoitales son instrumentos fundamentales, y que atenta contra principios básicos de toda sociedad justa. Detrás de ese uso indiscriminado de estos fármacos, fomentado desde la Administración de manera temeraria e irresponsable, se esconde además un potencial problema de salud para miles de mujeres a las que no sólo no se ha informado adecuadamente, sino que se las ha hecho creer que lo que tomaban era inocuo.