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Ortega censura la insumisión fiscal de los ayuntamientos soberanistas
BARCELONA– Echar un pulso con quien tiene más fuerza que tú no es una buena idea. Esto es lo que aconsejó ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, a los municipios que están aprobando mociones que apuestan por no pagar sus impuestos a España. Ayuntamientos medianos como Berga, Manresa o Arenys de Munt y uno grande como Girona han tomado el camino de la insumisión fiscal, aunque es difícil que su rebeldía sea algo más que un brindis al sol porque, al fin y al cabo, el Estado es quien alimenta la cuenta corriente de todos los municipios.
Esto es precisamente lo que recordó ayer Ortega. «Los recursos que reciben los ayuntamientos provienen de los impuestos del Estado», subrayó en declaraciones a Rac 1. Y sentenció: «La insumisión no acabará siendo eficiente».
Ayuntamientos soberanistas como los citados están decididos a desafiar al Estado, una actitud que la Generalitat ha recibido con contradicciones. El portavoz del Govern, Francesc Homs, expresó su «respeto» por la iniciativa, como ya hizo con dos restauradores que también anunciaron su negativa para dejar de pagar el impuesto de sociedades al Estado. En cambio, Ortega únicamente concedió que «entiende» el malestar, pero se desmarcó de la iniciativa: «El Govern no debe aplaudir la insumisión fiscal».
Anteayer, el alcalde de Vic y presidente de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), Josep Maria d'Abadal, acudió al Parlament para reunirse con su presidenta, Núria de Gispert, y pedirle el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Cámara en dos temas: la insumisión fiscal y la denominada «guerra de banderas» que hay ayuntamientos que promueven para no izar la enseña nacional. De Gispert se limitó a decir que lo estudiaría y, así, evitó adquirir ningún otro compromiso.
La vicepresidenta de la Generalitat está convencida de que la cuestión que hay que resolver verdaderamente es la ley de gobiernos y haciendas locales. «Hace falta un mapa competencial claro que diga perfectamente cuál es la administración que mejor puede servir los intereses de los ciudadanos y con qué recursos puede desarrollar estas competencias», afirmó. Una comisión de expertos compuesta por doce especialistas universitarios y representantes municipales se reunirá el 30 de marzo para comenzar a trabajar en la redacción de esta ley.
La amenaza de 309 municipios catalanes
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que agrupa a 309 ayuntamientos y 14 consejos comarcales, está dando sus primeros pasos durante este año. Hace pocos días celebró su primera reunión ejecutiva con el convencimiento de que «la independencia no es tan utópica como algunos piensan».
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