El fraude millonario de la tarjeta sanitaria

La puesta en marcha del sistema de copago farmacéutico ha detectado un fraude millonario en el uso de las tarjetas sanitarias. El cruce de las bases de datos de Sanidad y de la Agencia Tributaria para determinar qué porcentaje de los medicamentos debe de pagar cada persona ha servido para detectar a 800.000 trabajadores que, en lugar de tener una como titular, figuraban como beneficiarios de la tarjeta de un familiar. De ellos, 200.000 afectaban a tarjetas de jubilados, por lo que adquirían fármacos de manera gratuita, con el consiguiente fraude millonario para las arcas del Estado.
Este anuncio lo realizó en la mañana de ayer la Ministra de Sanidad, Ana Mato, en un encuentro en el que estuvo arropada por la vicepresidenta del Gobierno, tres ministros (dos de ellos del área económica) y tres presidentes autonómicos). Durante su intervención, Mato explicó que «200.000 personas no estaban pagando por los fármacos porque tenían tarjeta de pensionista, cuando tenían renta suficiente para hacer frente al pago de medicamentos».
Estimación complicada
Fuentes del ministerio indicaron que no se puede hacer una estimación del importe defraudado porque hay que valorar «el gasto efectivo ocasionado» y «el tiempo que ha estado en situación irregular», que en algunos casos puede llegar a 11 años, tiempo que ha transcurrido desde la última actualización de los datos. Lo que sí se sabe es que el fraude ha supuesto una pérdida millonaria para las arcas del Estado.
Esta situación, como los medicamentos, tiene fecha de caducidad. El próximo 1 de julio, fecha en la que se pondrá en marcha el copago farmacéutico, dejarán de producirse estas irregularidades. Sobre este copago, la ministra indicó que «se va a poner en marcha sin problemas». «Me consta que las comunidades están haciendo un esfuerzo importante», reconoció la ministra, confiada de que ninguna va a «incumplir la Ley» y va a negarse a aplicar los nuevos porcentajes de copago.
Sin embargo, País Vasco, Cataluña (que desde el pasado fin de semana cobra un euro por cada receta) y Asturias han anunciado que no podrán poner en marcha el sistema en el plazo fijado. Al respecto, Mato matizó que en estos tres casos no se trata de un problema técnico, sino que es «una cuestión política».
La medida supone que, por primera vez, los pensionistas tendrán que pagar por los fármacos. El porcentaje ha sido fijado en un 10 por ciento, con un máximo mensual de 8 a 18 euros, en función de sus ingresos. En este punto, Mato explicó que el reembolso de las cantidades que superen estos límites se realizará «trimestral o semestralmente» en la misma cuenta bancaria en la que les ingresen la pensión, aunque reconoció que las comunidades son autónomas para buscar fórmulas alternativas siempre que cumplan con los plazos que marca la Ley.
Una de las cuestiones que más preocupa a los titulares de la tarjeta sanitaria es la lista de fármacos que dejarán de ser financiados. De momento, sólo se conoce que afectará a laxantes, antidiarréicos, antitusivos, antivirales tópicos y colirios. La lista definitiva será presentada a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que se celebra mañana. En este sentido, Mato precisó que los «medicamentos para afecciones leves podrían ser sustituidos por cualquier otro producto muchas veces natural».