«Asesinato» en la cúpula judicial por Martín Prieto

El Consejo General del Poder Judicial es primero un órgano político que una institución para el buen gobierno de los jueces. Que su Presidente lo sea también del Tribunal Supremo es un error porque supone un trasvase perverso de problemas. Que luego el Tribunal Constitucional se haya convertido en una Sala de Casación de la que debería ser última instancia judicial termina por ovillar el enredo. Carlos Dívar va a dimitir con ludibrio por una conjura de magistrados progresistas azuzados por la ex secretaria de Interior de Belloch, que lidió la rocambolesca repatriación de Luis Roldán (Margarita Robles), y el paladín del Juez Garzón, Gómez Benítez. Dívar fue designado por Zapatero conociendo su pertenencia al Opus Dei y su hábito de misa diaria, primando su profesionalidad y apartidismo y entendiendo que sus costumbres personales y religiosas no le inclinaban precisamente al peculado. Sigue sin estar claro que este hombre se haya quedado con las vueltas de sus gastos; es más: resulta inverosímil. La Fiscalía y el Supremo no encuentran delito en asientos contables brumosos de no más de 800 euros anuales a lo largo de cuatro años y el linchamiento recuerda demasiado a los trajes de Camps, gran ridículo judicial. En España hay que tener mucho cuidado con el asesinato civil porque son miles los dedicados a ese afán morboso. El error de Dívar es haberlo fiado todo a su palabra de honor y no haber guardado sus facturas. Un caso de lesa ingenuidad que no contempla la Ley de Linch que impera en la estratosfera de la Justicia. Habría que pedir estrechas cuentas a los miembros del CGPJ para ver con qué pájaros nos vemos las caras. Como Carlos Dívar es un introvertido sin conexión con los politicastros se ha quedado solo ante el cadalso. Tenía que haber regido una abadía y no un saco de gatos.