Ocultan los fiscales la prueba de que Camps pagó los trajes

Peláez presentó este lunes una ampliación de su querella inicial en la que solicita al magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que impute a las dos fiscales por permitir y beneficiarse de las escuchas acordadas por Garzón y también por ocultar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) una grabación realizada al imputado de 'Gürtel' Pedro Crespo en la que éste afirma que Camps se pagó sus trajes.

En su escrito de ampliación de la querella, se solicita la declaración de las dos fiscales adscritas al caso en calidad de imputadas por los mismos delitos que se instruyen contra Garzón, que son los de prevaricación y contra las garantías de la intimidad.

La conversación relativa a Camps habría tenido lugar en el centro penitenciario el 6 de marzo de 2009, en una entrevista entre Peláez y Crespo en la que éste señala que el presidente valenciano "se pagó sus trajes"pese a las declaraciones de otra de la imputadas, Isabel Jordán, en sentido contrario. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto"reza la transcripción.

«De forma maliciosa no se enviaron»

"Las fiscales querelladas tuvieron perfecto conocimiento de que de forma maliciosa no se enviaron estas transcripciones al TSJV", según la ampliación de la querella, que añade que cuando se abrió el secreto del procedimiento seguido contra Camps no constaba en el mismo la grabación hecha a Crespo, "lo que sin duda alguna de las fiscales querelladas conocían , pues ya habían tenido noticia de ellas cuando los funcionarios de Policía les dieron traslado de una copia".

Según Peláez, al actuar de este modo se privó a la defensa de Camps "de una prueba fundamental y esencial que podía haber aportado no sólo ante el juez instructor, ante el TSJV, sino también ante el TS cuando estas mismas fiscales recurrieron al sobreseimiento que fue acordado por el tribunal superior".

Además, se acusa a Sabadell y Segura de actuar de forma irregular desde el inicio del procedimiento contra la presunta trama de corrupción ligada al PP, por interponer directamente su denuncia en el Juzgado de Garzón, en vez de mandarla al turno reparto de este órgano, alegando su conexión con una causa precedente ('caso BBVA') que no era tal.

La única relación entre los dos casos era que el titular del despacho donde se hizo la entrada y registro había sido asesor del señor Correa y al mismo tiempo tenía clientes con cuentas en el BBVA", añade la querella.

Recuerda el abogado querellante que la única parte del procedimiento que puede tener conocimiento del secreto sumarial es el Ministerio Fiscal, y que las fiscales del caso eran "plenamente conscientes"de que las resoluciones dictadas por Garzón para escuchar a los abogados "eran contrarias a la Ley". "Y no sólo recurrieron, sino que incluso cuando por el Juzgado se les propuso la prórroga del auto inicial del 19 de febrero de 2009, no se opusieron a la misma", añade.

Para Peláez, las escuchas que se le realizaron a él en prisión perjudicaron gravemente a su cliente, "pues en ellas se desvelaba cuál iba a ser el contenido de sus respuestas, la forma de defenderse, en una palabra, cuál iba a ser su estrategia de defensa".

"A pesar de ser conocedoras de esta circunstancia, no velaron por las garantías del imputado ni por el cumplimiento de la ley y permitieron que se produjera esa declaración en tales condiciones, valiéndose no solamente el juez y la Policía, sino también ellas mismas, de información y datos obtenidos de forma claramente ilícita", agrega el escrito de ampliación.

Finalmente, el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional acusa a las fiscales Anticorrupción por no actuar frente a una diligencia dictada por Garzón hace unas semanas en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversa documentación, piezas y tomos del 'caso Gürtel' a pesar de haber transcurrido ya casi un año desde que se inhibiera del caso.