PERFIL / La jueza que «salvó» al doctor Montes

Manuela Carmena –Madrid, 1944– estuvo ligada desde sus inicios en el ejercicio del Derecho a la «izquierda judicial». Un hecho que marcó gran parte de su vida fue el atentado perpetrado contra el despacho de abogados laboralistas de Atocha, el 24 de enero de 1977. Cuatro abogados y un sindicalista, todos ellos miembros del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, murieron asesinados. En ese despacho trabajaba también Manuela Carmena.

Años después decidió dejar la toga lisa por las puñetas e ingresó en la Carrera Judicial. Participó de forma activa en la constitución de Jueces para la Democracia, que albergaba ya entonces al sector «progresista» de la Carrera. Y ahí permaneció hasta su reciente jubilación.

Ha pasado por casi todos los destinos que puede recorrer un juez en su trayectoria profesional: jueza de instrucción, jueza decana de los jueces de Madrid, juez de vigilancia penitenciaria, vocal del Consejo General del Poder Judicial y, los últimos años, como magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

En septiembre del pasado año fue nombrada por el Gobierno vasco responsable de la oficina de atención a víctimas de abusos policiales.

Durante los años en que ejerció como magistrada ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión, casi desde el principio. Así, en julio de 1989, cuando era jueza de vigilancia penitenciaria de Madrid, no encontró «suficientemente motivado» el cambio de régimen interno en la cárcel de mujeres de Carabanchel, donde se encontraban internas presas de la banda terrorista ETA. De hecho, fueron esas reclusas las que presentaron la queja que fue posteriormente admitida por Carmena.

El final de su ejercicio activo de su carrera judicial también se vio envuelto en otra polémica. En esta ocasión en un ámbito muy distinto. Formó parte del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que archivó todas las diligencias abiertas en relación con las sedaciones en el hospital Severo Ochoa de Leganés, lo que implicó la exculpación completa del controvertido doctor Montes.

Manuela Carmena y Ramiro Ventura, otro de los magistrados que integraban ese tribunal, firmaron en 1991 un documento a favor del derecho a morir; en concreto, el «Manifiesto a favor de la disponibilidad de la propia vida», suscrito por 70 jueces en una iniciativa auspiciada por Jueces para la Democracia. La polémica le siguió hasta el final.

OFICINA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES
Es su responsable desde septiembre de 2011, cuando es designada para el cargo por el Gobierno vasco.