Gobierno y sindicatos replican al SUP que se cumplirá la ley en desahucios

La polémica sobre la intervención policial en los desahucios la levantó ayer el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien aseguró que respaldará a los agentes que aleguen objeción de conciencia en los desahucios y que, incluso, les ofrecerá defensa jurídica, sean o no afiliados.

Hoy, el portavoz del SUP, José María Benito, ha querido dejar claro que las palabras de Fornet no significan un llamamiento a la objeción, sino que su sindicato simplemente ha querido dar un "toque de atención"al Gobierno para recordarle que los policías "no son robots"ni insensibles y pueden "llevar mal"participar en la ejecución de un desahucio.

Desde Granada, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que no tiene "ninguna duda"de que la Policía "cumplirá y hará cumplir"la ley a la orden de las autoridades legítimas, en su caso las judiciales, en los desahucios de viviendas.

"La Policía está para cumplir y hacer cumplir la ley. Ese es un mandato legal y constitucional. No tengo ninguna duda de que, a las órdenes de la autoridad legitima, en su caso la autoridad judicial, cumplirán la ley", ha sentenciado.

Mientras, los sindicatos policiales CEP, UFP y SPP han acusado al SUP, mayoritario en el cuerpo, de animar a los agentes a "cometer locuras"y han aseverado que los agentes que auxilian a una comitiva judicial en esa actuación "tienen la obligación legal de cumplir con su misión".

"No hacerlo supondría jugarse el puesto de trabajo y enfrentarse a una imputación judicial por la posible comisión de un delito, puesto que se obstaculizaría, cuando menos, la labor de la Justicia", han añadido.

Otros sindicatos también se han pronunciado y, así, la Junta Rectora de Erne, organización mayoritaria en la Ertzaintza, ha acordado "apoyar jurídica y sindicalmente"a los agentes ante la ejecución de los desahucios, aunque ha recalcado que la Policía "tiene que cumplir la ley".

Su portavoz, Roberto Seijó, ha aprovechado para reclamar a los gobiernos y partidos políticos que actúen ante los desahucios y "no usen a jueces y policías ante una ley injusta y ante injusticias de un calado tremendo".

En Cataluña, el sindicato mayoritario en los Mossos d'Esquadra, el Sindicato Autónomo de Policía-UGT, ha hecho un llamamiento a que se paren todos los procesos de desahucio por impago de alquiler o ejecución de deuda hipotecaria.

El portavoz del SAP, Valentí Anadón, ha manifestado su apoyo a los agentes que se nieguen a participar en desahucios, pero ha reconocido que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los policías "es complejo".

"Igual que la judicatura no quiere ser el cobrador del frac, nosotros no queremos ser los ejecutores de estas sentencias", ha asegurado Anadón, que ha recordado que los policías no actúan de oficio en los desahucios sino por mandato judicial.

También el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha referido a las palabras del secretario general del SUP y ha considerado que "las respuestas al problema de los desahucios las tiene que dar el poder legislativo".

"Es a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, a los que les corresponde adecuar la ley a la realidad social", ha subrayado Ruiz-Gallardón.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, también ha instado a que no haya "más demoras en las soluciones"a los desahucios por parte de "quien tiene responsabilidad en materia legislativa", es decir, Gobierno y Parlamento.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha pedido que no haya más desahucios por impago de deudas hipotecarias.