Lo que se calló Guerrero

sevilla- Francisco Javier Guerrero contestó a 145 preguntas de la juez Mercedes Alaya. Lo hizo durante tres días. Aun así, quedaron muchas cuestiones sin resolver. La magistrada ya ha advertido de que tendrá que volver al juzgado para seguir declarando a medida que la investigación avance, e incluso ha señalado que pueden existir hechos «que aún no ha desvelado». El ex director general de Trabajo y Seguridad Social contestó a la instructora, pero no lo hizo ni a la Fiscalía ni a las acusaciones –PP, Junta de Andalucía y los sindicatos Manos Limpias y UGT–. Muchas de las preguntas que le formularon estos letrados se quedaron en el aire, pero dan nuevas pistas del camino que puede tomar el caso en próximas fechas.

LA FISCALÍA
El Ministerio Fiscal quería conocer detalles sobre el convenio marco de 2001 que permitió flexibilizar los controles de la Intervención. Este acuerdo, pese a que expiró en diciembre de 2003, se prorrogó tácitamente sin que el mismo contemplara esta posibilidad por lo que alguien tuvo que dar esa orden. También se interesó por si además del mandato expreso del gabinete del ex presidente Chaves para solventar un conflicto laboral, recibió alguna otra de carácter verbal. El papel de los intermediarios y la elección de los despachos jurídicos que trabajan en los ERE eran otros de los aspectos que centraron las preguntas del ministerio público, así como detalles de las pólizas individuales que se abonaron a los «intrusos».

LA JUNTA ANDALUZA
El interrogatorio de la Junta de Andalucía parecía enfocado a descargar de responsabilidades a otros altos cargos de la Administración. Así, perseguía desmontar la teoría de Guerrero de que él planteó alternativas al sistema de pagos a través de órdenes y borradores de decretos que se rechazaron en el «Consejillo» –reunión preparatoria del Consejo de Gobierno en el que estaban los viceconsejeros y que presidía el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías–. Como si el ex alto cargo fuera alguien ajeno a la Junta –estuvo como director general desde 1999 y hasta 2008–, el letrado del Gobierno andaluz quería conocer quién ideó el convenio de 2001 o por qué se abonaron sobrecostes en las pólizas –pagadas con cargo al Presupuesto autonómico–. Incluso perseguía restar trascendencia a que las ayudas se pagaran a través de un ente instrumental de la Consejería de Empleo porque en los convenios se incluía una cláusula que señalaba que la documentación de los expedientes estaba en la Dirección General y era «conforme a derecho». Con respecto a que informaba de sus actuaciones en los consejos de dirección, la representación legal de la Junta quería que detallara la información que se daba en estas reuniones y la duración de las mismas, una forma de deslegitimar los argumentos de Guerrero. Como también tenía ese fin otra de las preguntas formuladas y no contestadas: «¿Conocía el Consejo de Gobierno que usted había decidido conceder una ayuda a su suegra?».

EL PP APUNTA ALTO
El objetivo de los letrados del PP era bien distinto. En las preguntas se denotaba un intento claro por incluir a otras personas dentro de la trama. Sus preguntas iban dirigidas a conocer la participación del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías en las negociaciones de varios ERE y en las ayudas recibidas por empresas del grupo Ruiz Mateos. Los abogados querían conocer si el ex consejero Antonio Fernández tenía una relación de amistad con uno de los mediadores, José González Mata; o por qué las personas del equipo del ex director general no eran funcionarios y sí contratados. El grupo de preguntas «estrella» se centraba en las modificaciones presupuestarias aprobadas en el Consejo de Gobierno para «engordar» la partida 31L, el «fondo de reptiles».

COCHE DE REGALO
Manos Limpias quería saber si la empresa Santana le regaló a Guerrero un Suzuki Vitara o si es verdad que gastaba en torno a 2.000 y 3.000 euros mensuales en una venta de El Pedroso. Por su parte, UGT decidió no formular ninguna pregunta.