Centros de Enseñanza
La Justicia ratifica el derecho de la educación diferenciada al concierto
Espaldarazo a la educación diferenciada. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado nulas sendas resoluciones del Gobierno del Principado por las que se denegó a dos colegios la renovación del concierto por tratarse de centros de educación diferenciada.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado dos sentencias en las que ratifica el derecho de los colegios de educación diferenciada a la financiación pública y determina que la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 no excluye a este modelo pedagógico de los conciertos educativos.
Se trata de las primeras sentencias que, en el marco de la LOE, destacan la plena legitimidad de la educación diferenciada.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias declara, de este modo, nulas las resoluciones del Gobierno del Principado por las que se denegó a los colegios de Fomento de Centros de Enseñanza Peñamayor y Los Robles la renovación del concierto por ser centros de educación diferenciada.
El Tribunal reitera en sus sentencias "la plena constitucionalidad"de la educación diferenciada, subrayando que su legitimidad no debe discutirse "dada la multitud de resoluciones que así lo vienen a reconocer".
La LOE no excluye este modelo pedagócio
Del mismo modo, las sentencias destacan que la LOE "no excluye"este modelo pedagógico y recuerdan que tiene el aval de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia hace especial hincapié en que la educación diferenciada "no implica, por sí sola, discriminación alguna", y que resulta manifiesto que "no existe una normativa que impida a dichos centros concurrir al régimen de conciertos".
Fomento de Centros de Enseñanza manifiesta su satisfacción por el hecho de que las dos sentencias reconozcan, en el marco de la LOE, el derecho de la educación diferenciada a la financiación pública.
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