El informe de Montilla da por perdido gran parte del Estatut

El grupo de expertos catalanes que ha analizado un primer análisis del impacto de la sentencia del Estatut ha llegado a la conclusión de que hay una parte del texto que el Tribunal Constitucional ha dejado fuera de combate. Así se desprende del informe de 43 páginas elaborado por tres juristas por encargo del presidente de la Generalitat, José Montilla. Los expertos examinaron la sentencia con el objetivo de estudiar cómo Cataluña podía recuperar el contenido del Estatut que el TC ha invalidado. En varios puntos, aconsejan numerosas reformas legales de ámbito estatal, pero en muchos casos admiten que rehacer el Estatut sólo es posible si el Gobierno accede a autolimitarse en favor de Cataluña y si determinados organismos se prestan a ser fieles al espíritu del Estatut.NaciónSobre este asunto, los expertos se limitan a la conclusión de que el TC ha querido evitar que se puede establecer un criterio de equivalencia entre los términos «nación o nacional» y el de «nacionalidad» que contempla la Constitución (CE). Sin embargo, insisten en «este contepto de nacionalidad puede interpretarse como sinónimo o equivalente al de realidad nacionalidad o de nación, tal y como se desprende de su significado etimológico y como se puso de relieve en el debate constituyente».Derechos históricosÉste es uno de los apartados donde los juristas admiten que los derechos históricos quedan limitados a una disposición de transitoria segunda de la CE.LenguaEl Estatut incorpora como novedad el deber de conocer el catalán, pero la sentencia del TC no acepta este deber. Además, consagra también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Pese a todo, los expertos no aconsejan ninguna actuación a la Generalitat porque hay doctrina constitucional suficiente para que Cataluña prosiga con su modelo de inmersión lingüística. Lengua en organismosEl Estatut concede a la los ciudadanos de Cataluña el derecho a relacionarse por escrito en catalán con órganos de ámbito estatal, una potestad que el TC limita. A este respecto, los expertos aconsejan a «instar la reforma de la normativa que regula estos organismos para hacer efectivo el ejercicio de este importante derecho estatuario». InstitucionesLa sentencia del Estatut realiza dos declaraciones de inconstitucionalidad que afectan al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y al Síndic de Greugues –equivalente al Defensor del Pueblo– y, por otra, a los Consejos de Veguerías –que deben remplazar a las diputaciones–. El TC incapacita al CGE para realizar dictámenes vinculantes y los expertos concluyen que «la solución más factible» ante esta incostitucionalidad es «consolidar la práctica parlamentaria de reconocer de hechos los efectos vinculantes» de los dictámenes del CGE.Respecto al Síndic de Greuges, que el Estatut quería consagrar como supervisor exlcusivo de las administraciones públicos en detrimento del Defensor del Pueblo, el informe de los juristas recomienda «alcanzar convenios de colaboración entre ambas instituciones».Y sobre los Consejos de Veguerías, los expertos aconsejan instar la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local con el objetivo de que esta norma puede reconocer un régimen especial a Cataluña para que las veguerías puedan tener las competencias previstas que preveía el Estatut y que el TC ha dejado en el limbo.Poder JudicialEn aras de que el Poder Judicial que configura el Estatut no quede hecho añicos, los expertos instan a la reformas de la Ley Orgánica del Poder Judical y de las leyes de enjuiciamiento penal, civil, de procedimiento laboral y de la jurisidicción contenciosa administrativa, entre otras.CompetenciasEn este título, los juristas admiten que la sentencia «frustra el objetivo de ampliar el alcance material de las competencias exclusivas de la Generalitat» y su conclusión es que «la única vía para lograr este objetivo es la de la autolimitación de las instituciones del Estado». Sobre las competencias compartidas, «la única vía para asumir los objetivos en esta materia es el compromiso político y el autocontrol del Estado". Los expertos también aconsejan el uso de los artículos 150.1 y 150.2 de la CE, que permiten el traspaso de competencias en competencias ejecutivas.FinanciaciónRespecto a la financiación, el informe advierte de que la LOFCA «se sitúa por encima de los Estatutos de Autonomía» y concluye que que la Generalitat «ha perdido garantías» respecto a los mecanismos de nivelación e inversiones en infraestructuras. Insta al gobierno catalán a «firmar convenios con el Estado».