El nuevo acuerdo social entrará en vigor el próximo 1 de marzo

El Gobierno regional siempre se mostró proclive desde el principio a ceder terreno en lo que se refería a la aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas que se vio en la tesitura de tener que aprobar en un plazo mínimo de tiempo por la exigencia dictada por el Ejecutivo central que a su vez estaba azuzado por la Unión Europea para lograr el límite de déficit nacional que le impone para el marco temporal de 2013.

El presidente Valcárcel (centro) presidió la reunión de ayer con las centrales
El presidente Valcárcel (centro) presidió la reunión de ayer con las centrales

Valcárcel anunció durante el debate de la legislación que ésta se encontraba supeditada a posibles modificaciones siempre que estuvieran dentro de los límites que se pudieran permitir para no perder de vista el objetivo máximo al que obedeció la aprobación de la Ley, el consentimiento para la emisión de deuda en el presente ejercicio de 2011 y de esta manera que prevalezcan por encima de cualquier otro interés la ejecución de los proyectos e inversiones previstos por la Comunidad para el presente año.

Dentro de este magma de premuras políticas y viabilidades económicas se produjo la mesa de negociación entre el Gobierno regional y las nueve centrales sindicales. Tras cinco jornadas de encuentros y una infinidad de horas invertidas en lograr el mayor consenso posible se alcanzó un preacuerdo entre el Ejecutivo autonómico y cinco de los nueve sindicatos. Este acercamiento de posturas quedó refrendado ayer con la firma del acuerdo definitivo en el Palacio de San Esteban entre el jefe del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, y los representantes de las cinco centrales que suscribieron el punto de encuentro.

Previo a ello, el Ejecutivo había entregado a todas las formaciones una copia en la que se redactaba como quedaría definitivamente la Ley. Tras el análisis pormenorizado por parte de todas las centrales y la pertinente reunión de sus órganos directivos, los sindicatos dieron el consentimiento y su aprobación al texto.

CSIF, ANPE, Satse y el Sindicato médico mostraron su apoyo desde el principio a la última propuesta del Gobierno. Por contra, UGT, CC.OO y Sterm-Intersindical proclamaron su postura contraria más acérrima. Mientras tanto, SAE optó por abstenerse y SIDI por meditar y consensuar con su afiliados su decisión final. De esta forma, la mencionada central se decantó ayer por sumarse al acuerdo con el Gobierno regional después de que el texto redactado recibiera el apoyo del 70 por ciento de sus representados. Tras este recorrido, Ejecutivo y sindicatos pusieron negro sobre blanco su acuerdo para hacerlo de este manera irreversible.

Desde los sindicatos se promulgaron como sus grandes logros y avances en el nuevo texto cuatro aspectos fundamentales. De una parte, que no se rebaje el sueldo a los trabajadores que se encuentren en la situación de incapacidad temporal transitoria (el primer texto reflejaba una disminución del 25 por ciento). De otra, la recuperación del 50 por ciento del plan de acción social que la Ley planteaba reducir totalmente en primera instancia. Unido a esto, se rebajó a la mitad la reducción de los honorarios de los empleados públicos, de 75 euros mensuales a los 37,5 finales, y el descenso del incremento de horario de jornada de trabajo semanal que pasó de las 35 horas a las 37,5 para quedarse finalmente en las 36,5.

Comisión de seguimiento

Con la inclusión de los novedades mencionadas, quedó perfilado el nuevo texto que según, aclaró la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, «llegará a la Asamblea por medio de una proposición de ley». Este aspecto tendrá lugar el próximo miércoles con la defensa del texto por parte del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel. Una vez cumplimentado este trámite, y con la pertinente aprobación en la sede asamblearia de la nueva Ley, la intención del Gobierno regional es que la legislación modificada entre en vigor el próximo 1 de marzo para que no se demoren más las ventajas acordadas para los trabajadores públicos.

Dentro de otro ámbito, organizaciones sindicales y Gobierno acordaron ayer la creación de una comisión de seguimiento de la nueva Ley. El objetivo de esta iniciativa es analizar por parte del Ejecutivo y de los sindicatos que suscribieron el acuerdo la situación económica de la Región para cuando se detecten mejoras recompensar a los funcionarios por las rebajas y los ajustes que van a tener este año debido al plan de ajuste diseñado para rebajar el déficit autonómico. En base a esto, si en 2012, una vez derogada la Ley, la situación de la economía regional repunta, los empleados públicos verán mejoradas sus condiciones laborales de manera paulatina hasta que se restituya totalmente la situación de la que gozaban con anterioridad a la aprobación de la legislación. En cuanto a este tema, Reverte señaló que los funcionarios recuperarán su sueldo inicial con el paso del tiempo y la mejora del contexto económico de la Región.

El presidente de CSIF, Ventura Martínez, destacó que lo más importante del nuevo documento refrendado ayer y que será aprobado esta semana en la Asamblea es que «expresa que no se va a despedir a ningún empleado público». Por su parte, el secretario general de ANPE, Clemente Hernández, destacó que «es la primera ley que nace con fecha de caducidad». En lo que respecta al Sindicato Médico, su presidente dentro de la Región, Francisco Miralles, resaltó que «el incremento de horario no será ni asistencia ni lectivo, ya que irá dirigida a la formación e investigación para ofrecer un mejor servicio».

Por tanto, dentro de todos los sindicato firmantes se percibía un claro sentido de satisfacción por haber logrado un acuerdo que consideran un importante avance para la situación de las condiciones laborales de los funcionarios. Como resultaba inevitable, existió cruce de acusaciones entre los sindicatos firmantes del acuerdo con el Gobierno y los que han declinado sumarse al mismo. De esta manera, el secretario general de SIDI, Luis Alberto Prieto, recordó a UGT, CC.OO y Sterm que «no se puede entrar en un proceso negociador con el espíritu del todo o nada». Por ello, realizó un llamamiento para que se sumaran al acuerdo suscrito con el Gobierno regional. En el mismo sentido, el secretario general de Satse-Murcia, José Antonio Blaya, criticó «la intoxificación que están llevando a cabo los sindicatos no firmantes». Del mismo modo, que cabía esperar el cruce de acusaciones entre las centrales, también lo era que los ajustes llevados a cabo por el Gobierno de Valcárcel fueran comparados con los innumerables que tiene como sujeto ejecutor al presidente del Gobierno central, Rodríguez Zapatero. De esta forma, Prieto declaró que «los recortes de Zapatero tuvieron movilizacines y éstas se acabaron sin lograr nada. Igual que la reforma de las pensiones se acordó sin que existieran protestas durante el proceso de negociación como sí ha sucedido en este caso». Por su parte, Blaya comentó que «Zapatero ha bajado las retribuciones dos años seguidos y nunca ha existido fecha de caducidad ni negociación».

Firmas contra la Ley

Mientras unos sindicatos se comprometían por escrito a acercar posturas y ceder terreno, UGT, CC.OO y Sterm entregaban ante la Dirección General de Función Pública, cinco mil firmas logradas de entre empleados de la Administración y Servicios de la Comunidad Autonóma para lograr la derogación de la Ley.

Los tres sindicatos exigieron al Ejecutivo que recule y elimine de inmediato la vigencia de la legislación. Algo que se antoja de todo punto imposible después de la afirmación que realizó la portavoz regional, María Pedro Reverte, en la que afirmó el pasado viernes que «no existirá otro preacuerdo sobre la Ley». No obstante, a nadie se le escapa que las tres organizaciones sindicales van a continuar su lucha por lo que entienden que es una postura lícita. Sin embargo, tienen en su contra la parcialidad que han demostrado en sus actuaciones cuando los recortes obedecían a otro signo político.