Amnistía fiscal
Justicia prevé nombrar a 18 responsables de oficinas judiciales a cinco días del 20-N
El cambio no afecta a Valencia, cuyo titular es muy crítico con Caamaño
MADRID-El Ministerio de Justicia no quiere dejar ningún cabo suelto antes de las elecciones del próximo domingo y que el nuevo Ejecutivo sea quien designe determinados altos cargos de su competencia. En este caso, se trata de las designaciones de los secretarios judiciales coordinadores provinciales, que son los principales responsables de las oficinas judiciales y de los que dependen quienes integran ese Cuerpo en la provincia en cuestión. Esta provisión se libra por el sistema de libre designación. De hecho, está previsto que hoy mismo, a cinco días de los comicios electorales, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, firme por delegación del ministro Caamaño, la orden de 18 de esos nombramientos, dejando al futuro titular de esa cartera la tesitura de aceptarlos durante cinco años o de cesarlos, «lo que, en ambos casos, puede generar problemas», aseguraron a este periódico fuentes jurídicas.
La provisión de esos puestos se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de julio, antes de que Rodríguez Zapatero anunciase el adelanto electoral al 20-N, por lo que la lógica habría llevado a que o se nombrasen urgentemente si se considera que era necesario, o dejar los nombramientos para después de los comicios, para así no condicionar al próximo Ejecutivo.
En la mencionada Orden ministerial de renovación de esas plazas, que son consideradas cargos directivos del Ministerio de Justicia y quienes son designados para ellas son prácticamente inamovibles, se incluía la renovación de los secretarios coordinadores de la Comunidad de Valencia. Sin embargo, la sorpresa ha sido que, curiosamente, el de Valencia ha quedado fuera de la renovación, cargo que hasta ahora ocupa Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, el cual se ha mostrado muy crítico con la gestión del actual Ministerio. Sobre esta cuestión, las fuentes consultadas no llegan a comprender el hecho de que «si tantas prisas había para las renovaciones, por qué no se llevan a cabo también en la Comunidad Valenciana».
La justificación del Departamento que todavía dirige Francisco Caamaño para que esa plaza no fuese analizada por el Consejo del Secretariado –que se reunió el pasado día 3 para analizar las candidaturas y que debe emitir un informe preceptivo previo a los nombramientos–, fue que no había llegado a tiempo el informe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La propuesta de esos nombramientos la realiza el director general de Justicia, José de la Mata. En la mayoría de los casos se trata de renovaciones, aunque algunas de esas plazas pasarán a estar ocupadas por miembros de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, cuando hasta ahora sus titulares eran del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
Rafael Lara, en el punto de mira
El Ministerio de Justicia no renovará precisamente la plaza que ocupa en Valencia el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, muy crítico con la gestión del titular de la cartera, Francisco Caamaño. Sin embargo, en la provisión de puestos que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de julio se incluía la renovación de los secretarios coordinadores de la Comunidad Valenciana. Un proceder que ha causado extrañeza.
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