Primer juicio contra una perrera por maltrato

Madrid- «Pude ver animales hacinados, con diarreas, o, incluso, con un hueso fuera». Así describió un testigo las condiciones en las que vivían los animales en la perrera de Puerto Real, Cádiz, según indicó Nacho Paunero, presidente de El Refugio. En unos meses se celebrará el primer juicio en España contra un centro de estas características. Los dos veterinarios que trabajaban allí serán juzgados por maltrato animal y se enfrentarán a una pena de tres meses a un año de cárcel.

Estas instalaciones cerraron en 2007 tras las denuncias de la asociación protectora de animales El Refugio. Trabajadores del mismo centro aportaron pruebas para demostrar las irregularidades que se estaban cometiendo. Paunero cuenta que desde 1995 los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente. Este veneno ocasionaba a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia, «como si se les pusiera una bolsa en la cabeza hasta quitarles la vida». Según estimaciones del presidente de la asociación, unos 500 animales al año eran sacrificados en estas circunstancias. Aunque no está cuantificado el total de mascotas que pudieron verse afectadas, el centro de recogida de animales estuvo abierto unos 15 años, durante los que se recogían anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia de Cádiz. Según un veterinario que fue testigo, «se incineraban al día decenas de cadáveres de animales».

Además, la sala tercera de la Audiencia provincial de Cádiz, tras una vista oral, decidirá si el dueño y la directora de esta perrera gaditana son también juzgados por maltrato animal. Esto se debe a que «según la Juez Instructora el dueño y la directora conocían las irregularidades que se producían en la perrera de Puerto Real e incluso podrían haber existido instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes». Según El Refugio, los Ayuntamientos de las localidades de Cádiz, Puerto Real y San Fernando también conocían las irregularidades.

Además de por el daño a los animales recogidos, la organización proteccionista, que está personada como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera, denunció a la institución por delitos de falsedad documental y denuncia falsa.

El negocio de recoger animales
La perrera de Puerto Real figura como sociedad limitada con el nombre de Asociación Protectora de animales S. L. Según El Refugio, en muchos casos este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan ganar dinero. «Aparentan proteger a los animales pero en ningún caso lo hacen», denuncian los animalistas. «Estos centros tienen convenios con los ayuntamientos y, para algunos, cuanto más baratos sean los sacrificios, mejor».