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Vía libre a la ley consultas que deja a Mas sondear sobre el pacto fiscal
BARCELONA– El pleno del Parlament de Cataluña dio ayer vía libre al proyecto de ley de consultas populares, paso previo para que el gobierno de Artur Mas pueda preguntar a la ciudadanía sobre su proyecto estrella: el pacto fiscal. Aunque la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, se cuidó de no pronunciar la «palabra prohibida» –«pacto fiscal»–, durante la presentación de la propuesta ante la cámara catalana, los grupos de la oposición le recordaron que la ley de consultas populares permitirá al Govern organizar el hipotético referendo.
Ortega se entretuvo en contar las virtudes democráticas del proyecto, que si acerca la política a la gente, permite escuchar la voz de los ciudadanos e implicarlos en el debate parlamentario. Pero no dijo nada sobre que Mas podrá convocar una consulta a la ciudadanía sobre el pacto fiscal. Y este «olvido» enfadó, por diferentes razones, a los grupos de la oposición. Al PSC, que en el último momento retiró su enmienda a la totalidad, porque Ortega no habló con «claridad» y teme que CiU quiera utilizar la norma como «un instrumento de propaganda política». La diputada socialista, Laia Bonet, llegó a resumir el proyecto en cuatro palabras: «Renuncia, engaño, cobardía y soberbia».
Los requisitos
Pese a las duras críticas que lanzaron contra la ley de consultas populares, el gesto de los socialistas permitió al proyecto superar el trámite parlamentario sin necesidad de enfrentarse a una votación. La propuesta seguirá ahora su debate en comisión y regresará al pleno para su aprobación definitiva. Durante este camino, el PP, que considera que «el proyecto puede ser una cerilla en manos de un pirómano», intentará mojar esta cerilla.
La nueva ley de consultas, que pretende sustituir el texto que aprobó el tripartito y que recurrió José Luis Rodríguez Zapatero ante el Tribunal Constitucional, incorpora cambios para burlar la ley. Utiliza el padrón, en vez del censo electoral, no se rige por el procedimiento electoral estándar y no requiere la autorización del Gobierno. Sin embargo, el resultado no es vinculante.
Podrán convocar una consulta el presidente de la Generalitat y los alcaldes. También un colectivo de más de tres personas, una asociación no lucrativa, sindical o empresarial, o bien un colegio profesional si reúne 50.000 firmas en un plazo de 90 días para pedir una consulta de ámbito autonómico. Para una consulta local, se requiere entre el 2 por ciento de firmas para los municipios de más de 100.000 personas y el 15 por ciento para los más pequeños, aunque la última palabra la tendrá el ayuntamiento. Podrán votar los inmigrantes legales empadronados y los extranjeros del espacio Schengen.
Aunque el PP defendiera que le parece un proyecto «jurídicamente impecable» y el PSC cediera en pro del consenso habrá debate si Mas utiliza la ley de consultas para negociar el pacto fiscal.
Luto por la muerte del padre de Mas
La muerte a primera hora de la mañana de ayer del padre del presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiñó de luto el pleno del Parlament. La mesa acordó suspender la sesión de control al president que inaugura todos los plenos, ya que Mas tuvo que paralizar todos los actos de su agenda. El president agradeció las muestras de apoyo recibidas los últimos días y pidió respeto por estos momentos de necesaria intimidad familiar.
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