Sólo el alcalde impide en el Pleno la investigación de Mercasevilla

El Pleno aprobó ayer fugazmente la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el «caso Mercasevilla» en todas sus vertientes, desde la presunta petición de comisiones ilegales a dos empresarios de La Raza para garantizar su participación en un proyecto hostelero hasta la inclusión de personas ajenas a la empresa en sus dos expedientes de regulación de empleo (ERE), pasando por la falsedad contable y demás irregularidades detectadas en la gestión de la sociedad o la posible adjudicación fraudulenta de los terrenos del mercado central de abastos.

Duró muy poco, apenas el minuto transcurrido entre que la presidenta del Pleno, la socialista Rosamar Prieto-Castro, advirtió que se había equivocado al presionar el botón del «sí» en la votación del primero de los tres puntos en que se separó la propuesta del Partido Popular y que su portavoz, Juan Ignacio Zoido, propusiera voluntariamente repetir la elección para que cada capitular ofreciera su verdadera opinión.

En esta segunda ronda, Prieto-Castro presionó el «no», como el resto de sus compañeros del PSOE, pero de nuevo surgió un escenario inédito en las tres ocasiones anteriores en que el PP ha reclamado en el Pleno una investigación política de Mercasevilla.

A la cuarta va la vencida. O casi. Esta vez, Izquierda Unida promovió la votación separada de la moción y optó por la abstención ante la constitución de la comisión investigadora. Los tres concejales electos comunistas dejaron solos a sus socios socialistas, que empataron a quince votos con los populares y tuvieron que recurrir al voto de calidad del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para imposibilitar definitivamente las pesquisas políticas.

La ruptura de ese empate fue uno de los pocos momentos que compartió Monteseirín con el resto de capitulares durante el debate sobre Mercasevilla. Antes, el alcalde se había referido al escándalo sólo para arropar al recién imputado gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, admitiendo que «me gusta defender a la gente que trabaja conmigo» y asegurando que este alto cargo hizo «lo mismo» que Zoido cuando era delegado del Gobierno en Andalucía y, según su partido, «cumplió con lo que decía la ley» minera al tramitar la documentación del ERE de Riotinto.

Por lo demás, el alcalde no se preocupó por escuchar al portavoz adjunto del PP Beltrán Pérez, quien proclamó que la corrupción, como Cartago por Roma, «debe ser invadida» para su erradicación del Ayuntamiento, volvió a reivindicar que «las responsabilidades políticas deben dirimirse en este Pleno y las penales en el juzgado» y rechazó los intentos socialistas de «culpar al PP» con sus acusaciones a Zoido por las irregularidades del ERE de Riotinto.

Casi no escuchó Monteseirín al portavoz del PSOE, Alberto Moriña, atacando al candidato popular por usar este asunto para «embarrar la vida política». Y tampoco contempló cómo su socio de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, copiaba su «modus operandi» en Mercasevilla y se retiraba del foco, dejando el debate a su compañero Carlos Vázquez. El delegado no electo defendió la «coherencia» de su coalición, que defiende una investigación política en el Parlamento andaluz mientras a nivel local sólo llega a la abstención. Más claro fue al rechazar la segunda iniciativa en cuestión, avanzando que ni Beltrán Pérez «ni nadie del PP» volverá al consejo de administración de Mercasevilla, si depende de IU.

Al menos, los grupos políticos coincidieron en el tercer acuerdo: exigir a la Junta de Andalucía que pague a los 39 prejubilados «legales» del ERE de 2007. Para acabar, Zoido advierte: «Votar ‘no' la comisión investigadora es votar ‘sí' a la corrupción y el encubrimiento». Y hasta la próxima.