Sublevación de los alcaldes del PP contra el nuevo plan de deuda de los ayuntamientos

MADRID- La dirección nacional del PP empezó ayer a estudiar con lupa todos los aspectos jurídicos del plan del Gobierno por el que una vez más se rectifica a sí mismo, esta vez para levantar la restricción de endeudamiento a un paquete de ayuntamientos. Génova tiene serias dudas de la legalidad de una medida que no afecta al conjunto de las Administraciones públicas, que es arbitraria –dice–, y que cambia «sin consenso» las reglas de juego en materia de financiación.
De acuerdo con la última decisión del Ejecutivo, a partir de ahora sólo podrán recurrir al crédito aquellos ayuntamientos cuya deuda no supere el 75 por ciento de los ingresos, lo que deja fuera a simbólicas capitales de provincia bajo control del PP, como Madrid y Valencia. Antes del verano el Consejo de Ministros había prohibido el endeudamiento municipal en 2011, año electoral, para garantizar el objetivo de reducción del déficit público.
Mientras Génova resuelve si tiene margen de actuación y si, en ese caso, le conviene mover ficha –en el equipo económico son más recelosos–, de momento lo que ha hecho es dejar luz verde a sus alcaldes para que adopten las medidas que consideren oportunas frente a la decisión del Gobierno.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hará uso de esa potestad y ya anunció ayer que emprenderá medidas legales contra el nuevo criterio de endeudamiento por considerar que se trata de «una argucia electoral», que «incurre en arbitrariedad» y «vulnera» los principios constitucionales de seguridad jurídica y de suficiencia financiera. El Ayuntamiento de Madrid también analiza la posibilidad de recurrir vía contencioso-administrativa la norma del Gobierno que permitirá que sigan endeudándose algunos ayuntamientos. Precisamente Alberto Ruiz-Gallardón, principal perjudicado, es quien se ha puesto al frente de las críticas contra Rodríguez Zapatero, a quien acusó de lanzar una «cortina de humo» para tapar su deuda y la de las comunidades autónomas, que representa el 95 por ciento del total frente al 5 por ciento de la de los ayuntamientos.
El PP, por tanto, seguirá haciendo oposición en materia de financiación municipal, igual que la venía haciendo antes de que el Gobierno diese otro giro a su política local para levantar las restricciones a la mayoría de las corporaciones: su primer paso será convocar una cumbre de alcaldes para mantener en alto las espadas.
«No es admisible que se aplique una medida a una administración puntual, y de manera arbitraria, y que no se extiendan sus efectos a la administración estatal y autonómica», señala el máximo responsable de Política Local del PP, Juan Manuel Moreno. Para apuntalar su argumentación, Moreno denuncia que entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009, en pleno estallido de la crisis, las corporaciones locales se endeudaron por valor de 5.219 millones de euros; las comunidades, hasta los 26.428 millones, y la Administración central llegó a los 147.351 millones. «Con estos datos, el Gobierno debería ser el primero en aplicarse para sí la norma que impone a las administraciones más débiles», añade.