López avisa: «El 25% de los castellanos y leoneses está en riesgo de exclusión»

Valladolid- El secretario autonómico del PSOE, Óscar López, alertó de la necesidad de desarrollar derechos sociales en Castilla y León como la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se comenzará a aplicar en 2011, ya que uno de cada cuatro castellanos y leoneses se encuentra en el umbral de la pobreza, mientras que cien mil ya viven excluidos socialmente y la Comunidad ocupa el décimo puesto en el ránking español de bienestar. Fueron algunas de sus reflexiones del líder de la oposición en Castilla y León, durante la apertura de la jornada «Derechos Sociales. Del Estatuto a la ciudadanía», organizada por la Fundación Perspectivas, en la Facultad de Educación de Valladolid. López recalcó que «ésta iba a ser la legislatura del Estatuto, la de su desarrollo», pero «tres años después de la aprobación de este texto, avanzado como dije en su momento en materia de derechos para los ciudadanos, se ha quedado en papel mojado».
A su entender, a apenas cinco meses de que concluya la legislatura, «queda mucho por desarrollar», sobre todo, argumentó, en el impulso a la igualdad de oportunidades entre territorios, en particular, matizó, de las áreas periféricas, donde «no se puede acceder en igualdad de condiciones que en el resto de zonas a los servicios». Una circunstancia que, a su entender, pone a las claras que existe una «sociedad rural a dos velocidades», donde unos lugares tienen más facilidades que otros.
Por su parte, el asesor de la Secretaría de Estado de Igualdad, Diego Blázquez, apuntó que «si no hay ejercicio de derechos, no hay ciudadanía social», por lo que defendió la necesidad de reconocer aquéllos y «tomar decisiones».
Diálogo positivo
Momentos antes de iniciar su expresión, López aseguraba a los periodistas que «el diálogo siempre es bueno», cuando era preguntado sobre la constitución de la Conferencia de Gobiernos Autonómicos, de cara a la celebración de la reunión de presidentes de Comunidades sin la participación del Ejecutivo central. Y es que, matizó, las autonomías «nunca irán más allá de las competencias que tienen asumidas», por lo que «al final tendrán que aplicar una coordinación con el Gobierno».
En este sentido, el de la cooperación interautonómica, recordó que la ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, puso de acuerdo a las 17 regiones para la adquisición de fármacos, que supuso un ahorro de 1.500 millones de euros.