El Gobierno pide responsabilidad al PSOE

MADRID- El Gobierno se ha embarcado en la estrategia de intentar poner sordina a todo el ruido que ha acompañado a algunas de sus decisiones y movimientos de las últimas semanas. «Si algunos echan leña al fuego, nosotros sólo echaremos agua», explican en Moncloa. Más pedagogía y comunicación, pero la intención es no ayudar a caldear el ambiente. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio ayer una lección a sus compañeros de Gabinete sobre cómo sortear las piedras del camino. Compareció en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros descafeinado y se le preguntó por todo. Y en todo tiró de una hábil dialéctica para esquivar el conflicto. Moncloa aclara que el Gobierno es muy consciente de que por delante vienen meses delicados en los que la «crispación y la bronca» reman en contra de los intereses nacionales. Y ahí se apoya la invocación a la responsabilidad que la vicepresidenta lanzó al PSOE por su actitud ante las protestas en la calle o con la reforma laboral, de la que defiende su constitucionalidad. Es decir, no modificarán los dos puntos que cuestiona el PSOE y en los que justifica su amenaza de acudir al TC. «Hago una llamada a la responsabilidad de todos. El Gobierno la va a ejercer y pido a todos los grupos que tengan la misma actitud», sentenció. Las preguntas insistieron en el tema, con matices, pero la vicepresidenta dio vueltas sobre el mismo argumento sin salirse de él ni incurrir en declaraciones de tono más agresivo, como las que dejó el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso. Junto con esa invocación a la responsabilidad, el Ejecutivo mostró su respeto al derecho a manifestarse, pero dentro de la ley. «El Gobierno tiene una obligación que cumplir y unos derechos que respetar». El presidente del Gobierno sabe que en el área de Interior esta Legislatura puede estar muy marcada por el problema del orden público. Su plan es intentar rebajar la tensión todo lo posible, pero al mismo tiempo ser muy firme en la aplicación de la ley, no permitir que se extiendan las protestas ilegales «sin que pase nada» y no tolerar situaciones como la ocupación de la madrileña Puerta del Sol que se produjo en la pasada Legislatura.