Estrasburgo

La Defensora del Pueblo pide cambios legislativos para que se cumplan las sentencias de Derechos Humanos

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, pedirá al Ministerio de Justicia que introduzca las modificaciones legislativas necesarias que "den plena efectividad interna a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando dichas decisiones supongan una condena a España por violación de la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales".

En concreto, Cava de de Llano solicitará que esos cambios legislativos recojan los cauces procesales específicos que den cumplimiento estricto a las sentencias del Alto Tribunal. Con esta petición, se pretende acabar con el actual vacío legal que impide que las sentencias del Tribunal con sede en Estrasburgo se ejecuten de manera efectiva, según ha informado la Oficina del Defensor del Pueblo de España.

La Defensora anunció esta medida en la clausura de unas jornadas de trabajo organizadas por la Institución que dirige y por el Consejo de Europa, que han reunido los días 21 y 22 de septiembre en el Senado a representantes de los Defensores del Pueblo y de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de todos los Estados miembros del Consejo de Europa (CE), así como a altos funcionarios del CE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A lo largo de estas jornadas, Cava de Llano reclamó también reformas que "faciliten la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que posibiliten una rápida respuesta a los casos presentados que estén bien fundados, a fin de fortalecer la posición institucional y la credibilidad social del Alto Tribunal Europeo".

Además, lamentó las actitudes de los distintos gobiernos de España, de diferente color político que, en su opinión, "no han dado una solución satisfactoria a la hora de acatar debidamente las decisiones vinculantes de la Corte de Derechos Humanos.

Según la institución, en la actualidad, el 90 por ciento de las demandas individuales presentadas ante el TEDH son declaradas inadmisibles. Por otra parte, una vez dictadas las sentencias, su ejecución por parte de los Estados no siempre se cumple como debiera.

A 31 de diciembre de 2010, un total de 9.922 casos estaban pendientes de resolver ante el Comité de Ministros para la supervisión de su ejecución.