Una nueva protesta de «indignados» obliga a blindar el Congreso

Cerca de 300 "indignados", reunidos en asamblea, protagonizaban hoy una protesta en las cercanías del Congreso contra la reforma de la negociación colectiva, que deben de aprobar mañana los diputados, y también contra el Pacto del Euro.

La Policía Nacional ha cortado el acceso al tráfico de la Carrera de San Jerónimo, en una de cuyas aceras están concentrados los manifestantes, para impedir que la concentración del movimiento 15-M se acerque aún más a las puertas del Congreso de los Diputados.

El objetivo de la protesta, con el lema "Buenos días diputados", es saludar a primera hora de mañana, miércoles, a los parlamentarios a su entrada a la Cámara Baja, donde el voto sobre la convalidación del decreto ley de la reforma de la negociación colectiva estará precedido por la habitual sesión de control al Gobierno.

Los manifestantes argumentan que la reforma, bajo el argumento de la flexibilidad, implica bajadas de sueldo y aumentos de la jornada laboral, y acusan a la patronal de querer otorgar a la dirección de la empresa todo el peso en las decisiones internas ya sea en temas salariales como de movilidad empresarial.

Asimismo, los "indignados"muestran su rechazo a la propuesta defendida hoy por la patronal madrileña CEIM de un contrato único con una indemnización de 20 días por año trabajado y denuncian la idea de ligar los salarios a la productividad y de extender hasta tres años los contratos en prácticas para los titulados.

Los organizadores de la protesta han repartido impresos contra el Pacto por el Euro, alcanzado en marzo pasado por los líderes de la Unión Europea (UE).

Varios participantes en la Asamblea criticaron ese pacto como una "imposición poco transparente", que, dijeron, sólo conduce a que la crisis la paguen quienes no la han producido.

Rechazaron la afirmación de quienes dicen que no hay alternativa y argumentaron que, con austeridad y recortes como los que plantea ese texto europeo, no hay salida a la crisis.

Los "indignados"consideran que este pacto supone una "pérdida de soberanía"de los Estados en favor de organismos "no democráticos".

Uno de los intervinientes, que reiteró el llamamiento a una huelga general lanzado en las manifestaciones del pasado domingo, tildó los sindicatos de "correa de transmisión de las políticas que en los últimos 30 años han sembrado de precariedad el panorama laboral".

Otros criticaron que los acuerdos europeos fijan un tope de déficit público del 3 % del PIB para todos los países, sin tener en cuenta las diferencias de nivel de endeudamiento, y denunciaron los recortes de gasto.