La Fiscalía archiva la denuncia contra Dívar por sus viajes a Marbella

Según el vocal José Manuel Gómez Benítez, Dívar podía haber cometido malversación de caudales públicos al cargar al presupuesto del CGPJ, en concepto de "indemnización por razón de servicio", 13.000 euros de gastos derivados de viajes realizados a Málaga "en fines de semana, a título particular y sin actividad oficial que los justifique"entre noviembre de 2008 y el pasado mes de marzo.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo, sin embargo, no ha observado en la actuación del presidente del Consejo "una intención de 'lucrarse o aprovecharse en su beneficio' que el tipo penal exige como requisito indispensable para su aplicación", según el decreto de archivo de la denuncia firmado hoy, al que ha tenido acceso Efe.

Para Martín Casallo, esta conclusión se deriva del hecho de que en algunos de sus viajes Dívar pagó de su bolsillo "la totalidad de los gastos generados", mientras que en otros no cargó al CGPJ los de manutención y alojamiento o llegó a "individualizar lo privado de lo público", abonando el coste de uno o dos días de hotel y comidas.

En su escrito, el fiscal admite la existencia de que 4 viajes "que no generan cargo alguno a las cuentas del Consejo", otros 12 en principio de carácter oficial "pero que se ven prolongados en actividades que podríamos considerar privadas"y 4 más que, "de principio a fin, tuvieron carácter oficial"y que fueron enteramente pagados por el CGPJ "no dejará de generar alguna duda".

"Así, por ejemplo, en la determinación del día o la hora en que deba entenderse terminado el carácter oficial del viaje y, por tanto, iniciado el tratamiento particular del mismo. Duda que deberá ser resuelta teniendo siempre presente la proyección que el cargo de presidente del Consejo (uno de los más importantes del Estado) tiene todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña", dice el fiscal.

Martín Casallo añade, por otra parte, que un acuerdo aprobado por el pleno del CGPJ el 11 de septiembre de 1996 autoriza "las justificaciones de viaje sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento", lo que, reconoce, no ayuda a "efectuar un examen concreto de las causas"a las que obedecían los viajes de Dívar.

El fiscal recuerda asimismo que Gómez Benítez intentó que se incluyera en la justificación del gasto "la concreta actividad relacionada con el cargo y las funciones que motiva el desplazamiento", pero que el pleno del CGPJ rechazó por mayoría su petición el pasado 22 de marzo, por lo que entiende "implícitamente ratificada"la normativa vigente desde 1996.

"Y también debe recordarse que la Intervención (General de la Administración del Estado) nunca ha puesto reparo a las cuentas justificativas de los referidos viajes", añade Martín Casallo.

Respecto a los 4.122,10 euros cargados por Dívar al Consejo en concepto de "atenciones protocolarias"-los desplazamientos a y desde Marbella supusieron 4.120,13 euros y el alojamiento y la manutención otros 4.753,86 euros-, el fiscal dice que la Intervención tampoco ha formulado "reparo alguno"respecto al motivo o importe de los mismos.

Por último, Martín Casallo se refiere a los gastos generados por el servicio de seguridad que acompaña a Dívar en sus viajes y dice que "ni el criterio por el que deba regirse dicha seguridad ni el número de personas preciso para realizar tal función depende del Consejo ni de su presidente, siendo exclusiva competencia del Ministerio del Interior".

El CGPJ debatirá sobre los viajes en un pleno extraordinario
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el próximo jueves un pleno extraordinario para estudiar la situación creada tras la denuncia por malversación interpuesta contra su presidente, Carlos Dívar, por los gastos derivados de sus viajes a Marbella, archivada hoy por la Fiscalía.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, al término de la reunión convocada esta tarde por el propio Dívar tras conocer la decisión de la Fiscalía, que se ha prolongado durante dos horas y media.