El PSOE fuerza a IU a vetar peticiones del PP: «Eso no es lo acordado»

SEVILLA- Las reuniones de trabajo de la Comisión de investigación de los ERE son a puerta cerrada porque así lo dictamina el Reglamento de la Cámara. Los medios sólo tendrán acceso a las comparecencias. Si las primeras fueran públicas, se despejaría con claridad la duda principal: ¿Tiene IU interés en conocer qué ha pasado con las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta durante una década o existe un pacto de no agresión con su socio de Gobierno para conservar el poder en la Junta de Andalucía?

La coalición es la llave de cualquier movimiento. El PSOE quiere orillar el asunto; el PP, no tiene prisa. IU decide hacia dónde inclina la balanza. De momento, apuesta por blindar a su socio de Gobierno.

Sólo así se entiende que en la primera lista de comparecientes aprobada ayer aparezcan nombres como el ex ministro Eduardo Zaplana o Javier Arenas y no se acepte que acuda ningún directivo del IFA-Agencia IDEA. A través de esta empresa pública se han pagado los ERE y las ayudas directas a empresas. Más de mil millones de euros en una década sin el control de la Intervención General. El PP había solicitado que se les citara. Tras una fuerte discusión, no será posible.

Según las fuentes consultadas, el presidente de la Comisión, Ignacio García se mostró dispuesto a votar e incluir la propuesta popular para que a los dirigentes de la empresa pública –así como Juan Francisco Trujillo, el chófer del ex director general Francisco Javier Guerrero encarcelado– se les instara a acudir en esta primera ronda. Fue en ese momento cuando el portavoz de IU, José Antonio Castro, reclamó al presidente –también de IU– que esperara, momento en el que intervino la diputada socialista Antonia Moro y advirtió a sus socios en la Junta: «Eso no es lo acordado».

Finalmente la propuesta no se votó. La lista que salió adelante incluye a 25 personas. No hay calendario, aunque el desfile comenzará el 23 de julio. Acudirán José Antonio Griñán y Manuel Chaves; los actuales consejeros Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo; los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler; la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez; y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

También acudirán el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías; los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez –IU no aceptó que fueran los interventores que elaboraron los informes–; el ex diputado del PSOE en el Parlamento Ramón Díaz; el asesor de Empleo Antonio Diz-Lois Ruiz; el ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla; y el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet.

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas, amenazó con retirarse de la comisión, ya que PSOE e IU «no tienen el más mínimo pudor en mostrar que ya lo tienen todo arreglado y amañado».

La interpretación del portavoz de IU es otra. José Antonio Castro criticó la actitud del PP y argumentó que «tiene fuentes de información cercanas a la instrucción» –en realidad, está personado en la misma como acusación–. Justificó que la presencia de Griñán y Chaves se debe a su partido –el PSOE lo pidió e IU le ha cedido el mérito–. Y lamentó que las sesiones de trabajo no fueran públicas. Sólo así se comprobaría quién tiene interés en conocer el fraude.

El sucesor de Guerrero, hoy ante Alaya por «conocer» las irregularidades
SEVILLA- Pese a las críticas del PSOE, la instrucción de la juez Mercedes Alaya sigue su propio ritmo. Hoy declara el ex director general de Trabajo Juan Márquez que sustituyó en el cargo a Francisco Javier Guerrero, en prisión. La magistrada considera que Márquez fue conocedor de las irregularidades cometidas durante la etapa de Guerrero y trató de «taparlas» y, en algún caso, les dió «continuidad». Por ejemplo, en el auto de su imputación, Alaya argumentó que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se determinó que Márquez ordenó los pagos relativos a una póliza «para 26 ex trabajadores» de la empresa, pese a que en el expediente quedaba claro que los despedidos eran 24. No es la única ilegalidad cometida bajo su responsabilidad. También consintió presuntamente la introducción de dos «intrusos» en el expediente Aglomerados Morell, empresa de la que ni tan siquiera consta que presentara ERE alguno. En una posterior ampliación de su imputación, la instructora apuntó que el ex alto cargo «consintió» la continuación del uso del convenio-marco con el IFA que regulaba las ayudas pese a las «dudas sobre su legalidad».