Aguayo cree que los funcionarios «de buena fe» comprenderán el decreto

La Junta de Andalucía no va a retirar el decreto de reordenación del sector público ni va a modificar la estructura organizativa del mismo, que pasa básicamente por la creación de agencias empresariales. En la Mesa General de la Función Pública que se reúne esta tarde sólo se negociarán temas relacionados con los aspectos de personal.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, defendió ayer la competencia «exclusiva» del Gobierno de organizar el sector público como considere oportuno y sí mostró su «mentalidad abierta» para aclarar «lo que hace mención al personal».

En un desayuno informativo con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (PEPA) aseguró que «de ninguna manera va a hacerse funcionario a ningún laboral que no pase por una oposición ni se va a privatizar nada». Martínez Aguayo ofreció la opción de introducir de manera literal estas reivindicaciones en el decreto.

Menos comprensiva se mostró con las protestas de los funcionarios y la manifestación del pasado sábado en Sevilla, ya que consideró que están «mal informados». Invocó incluso a que «todos los funcionarios de buena fe podrán observar que ninguno de los miedos tienen fundamento» una vez que su aplicación sea un hecho.

Relacionó el malestar generado entre el colectivo por la reducción de las retribuciones acordadas por el Gobierno central y autonómico y que se prolongarán debido a la merma que sufrirá «la próxima paga extraordinaria de Navidad», que se cifra en torno a un 20 por ciento.
La consejera hizo una defensa del empleado público y negó que exista «enchufismo» dentro de la Junta. Aguayo enmarcó estas acusaciones en una «campaña» impulsada desde el PP. «Basta ya de desprestigiarlos», sentenció.

Según comentó, «en la cabeza de los populares está despedir funcionarios». El modelo que defiende el Gobierno andaluz es que todos los empleados mantengan sus puestos de trabajo.

La Junta no hace distinciones entre los trabajadores del sector público. Bajo la condición de empleado público agrupa a funcionarios, laborales y los contratados en las empresas que tienen sus propios procesos de selección, muchos de ellos sin libre concurrencia. Todos trabajarán en las mismas agencias, aunque el traslado será «voluntario» en el caso de los funcionarios. Aguayo no se plantea que exista un «boicot» del funcionariado, ya que hay potestades públicas que sólo puede ejercer este colectivo.

Más flexible se mostró en los plazos de aplicación del decreto que entrará en vigor el 1 de enero. Si tras la reunión de hoy, CSIF se suma al pacto acordado con UGT y CC OO, se plantearía retrasarlo para aplicar los cambios acordados. De no ser así, se respetará el planteamiento inicial y las modificaciones se aprobarán vía enmiendas al Presupuesto de 2011.

Las mesas sectoriales, donde están Ustea y Safja, se convocarán «más tarde».