El Govern de recorte en recorte

Los anuncios se suceden: se dejarán de construir estaciones de la L9 del Metro, se paralizará la construcción de nuevos hospitales, se frenará la digitalización de las aulas y se mantendrán los barracones, se disminuirán las subvenciones agrícolas...

Los consellers han asumido la orden del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de acometer ajustes para reducir el total del Presupuesto por encima del 10 por ciento y así se ha desatado una suerte de competición por haber quien usa mejor la tijera. Los últimos en mostrar sus habilidades fueron ayer la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, y el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. La primera anunció que habrá que disminuir los gastos en la asistencia jurídica gratuita, y el segundo que las aportaciones de la Generalitat a los grandes equipamientos culturales (Mnac y Macba, por ejemplo) se reducirán entre un 15 y un 20 por ciento.

«A la ruina»
Todo ello forma parte del relato de un gobierno que inició sus días subrayando los graves problemas de las finanzas de la administración autonómica y continuó afirmando que la Generalitat «se iba a la ruina» si no se realizaban severos ajustes presupuestarias. Mas intenta personificar las restricciones con su propio ejemplo. Verbigracia: viajará en clase turista siempre que se embarque en un vuelo con una duración inferior a tres horas.

El presidente es consciente de que los recortes presupuestarios causan desazón entre los múltiples sectores afectados porque «hay muchas noticias de signo decepcionante y sólo se habla de recortes, de ver cómo se puede gastar menos e invertir menos».

Pero, pese al pesimismo que estas noticias pueden contagiar, Mas subrayó ayer que los recortes son «imprescindibles». «Es el único camino para salir reforzados de esta crisis», dijo ayer tras visitar la empresa O-I, dedicada a los envases de vidrio.

Las dificultades financieras de la Generalitat también fueron objeto de debate en el Congreso de los Diputados. Ayer, el portavoz de ERC, Joan Ridao, exigió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que pague lo que «le debe» a Cataluña, una comunidad que definió como «una locomotora exhausta». Pero Zapatero se negó en banda a mejorar los recursos de la Generalitat porque no se puede revisar el sistema de financiación «cada cuatro días». Así que el pacto fiscal tendrá que esperar.