Shakespeare y los jueces

La seguridad jurídica aparece estrechamente unida a la previsibilidad de las decisiones de los poderes públicos. En especial, a la de aquéllas que adoptan los órganos judiciales. La búsqueda de un método que asegure la seguridad y previsibilidad jurídica ha ido siempre única a los tipos de juez históricamente configurados. Durante el Antiguo Régimen los jueces, debido a su subordinación a la monarquía, distaban mucho de ser una garantía para la libertad y seguridad de los ciudadanos. Por ello con la ilustración y el iluminismo jurídico se trató de poner fin a una judicatura subjetiva, arbitraria y descontrolada, configurándose la separación de poderes y la seguridad jurídica de los pronunciamientos jurisdiccionales, y ello a través del sometimiento de los jueces a la Ley. La sujeción a la Ley garantiza que las decisiones judiciales han de adoptarse a través de un procedimiento racional, regular y, por ello, anticipable. Pero en la actividad judicial hay espacios de discrecionalidad que dificultan un derecho legal perfecto y una aplicación judicial deductiva del mismo. Cuando la opinión publica o publicada adelanta lo que considera una probable decisión judicial y no se consigue, pronto surgen las acusaciones de la existencia de una doble vara de medir, y se resalta la injusticia de nuestro sistema jurídico. Aquí surge el problema, dado que salvo la propia decisión jurídica, que por lo general no suele ser leída en su integridad, nadie se encarga de explicar ante la opinión pública las especialidades del caso, la forma en que las partes se han comportado, la prueba practicada, etc. La única forma que le queda al juez de defenderse de las críticas y el escrutinio público es la motivación y la argumentación; cuanto más se explique una resolución mejor, de tal suerte que no solo es una defensa de la decisión, sino un derecho de los ciudadanos. Cuando alguien es acusado o demandado, debe tener el derecho a que dicha acusación o demanda se base en un procedimiento probatorio abierto, en el que la parte acusada pueda refutar las distintas pruebas y ofrecer a su vez pruebas que considere relevantes. Y por ello la argumentación de los procedimientos jurídicos se convierte en un instrumento de defensa para los ciudadanos y para el propio juez. En aquellos casos en los que o bien la sociedad ha descontado ya un solución jurídica previa o está dividida son en los que se debe hacer un esfuerzo superior de motivación y, a su vez, de explicación ante la opinión pública. Para ello, en primer lugar, el Poder Judicial se debe valer del texto de su propias resoluciones y, en segundo lugar de un esfuerzo de pedagogía desplegado por los responsables gubernativos del mismo, para lo cual estos deben estudiar las relaciones y tratar de explicarlas, porque en ello le va mucho al prestigio del Poder Judicial y, sobre todo, a su legitimidad democrática. Algo que se debe transmitir a la sociedad es que cuando se juzga a alguien, por famoso que sea, el objeto del proceso no es enjuiciar a la persona, ni su fama, sino sus hechos y acciones, y por ello nos podemos enfrentar ante buenísimas personas delincuentes y ante malas personas inocentes. Cuando la sociedad se divide ante un caso judicial, no deberían ahondar los responsable políticos en tal división, porque sus comentarios, por lo general carentes de cualquier atisbo de técnica jurídica, más allá del forofismo, son un mal ejemplo para la sociedad. La Justicia se enfrenta a actos y a hechos y los debe enjuiciar al margen de la fama de la persona responsable de los mismos. Por eso, si Messi lanza una pelota contra el público en el Bernabéu, debe ser o no sancionado de la misma forma que si lo hiciera Cristiano en Barcelona se debe enjuiciar el acto y sus circunstancias, no lo bien o mal que cae el personaje al público y, en especial, a los medios de comunicación. Esto es difícil, pero los jueces lo hacen todos los días a pesar de las presiones externas. Shakespeare nos enfrentó a lo difícil del trabajo de los jueces en algunas de su obras, y así, por ejemplo en «Julio César», sometía al público a un dilema constante respecto a la muerte de Julio César, donde Bruto argumentaba la tiranía y ambición de César, lo cual le hizo merecedor de su muerte, mientras que por el contrario, Marco Antonio destacaba la nobleza, generosidad y valentía de Cesar, concluyendo que su muerte fue injusta; en «El Mercader de Venecia» nos muestra que la justicia se exige y la clemencia se ruega. Siempre hay muchas formas de ver las cosas, pero la Justicia tiene que tomar una decisión que ponga fin al conflicto, y ello con respeto a la Ley dentro del margen de la necesaria discrecionalidad. La discusión entre las tesis de Bruto y Marco Antonio le costó a Roma 17 años de guerra civil.