Un hilo que llevó al «super fraude»

Sevilla-Primavera de 2009. Salta a la luz pública la grabación de los empresarios del Grupo La Raza en la que dos altos cargos de Mercasevilla les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería en los terrenos del mercado central hispalense. En el audio, Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguran que el dinero no es para ellos, sino para «niños saharauis y carteles de Felipe González». «La Junta colabora con los que colaboran». Así se descubre el mayor fraude de la historia democrática de Andalucía.

La grabación cae en manos de la jueza Mercedes Alaya. Tirando del hilo, imputa al delegado de Empleo, Antonio Rivas. De esta investigación, surgen diversas subtramas, una por la compra fraudulenta de terrenos y otra –que al final ha resultado la más relevante– por la existencia de ERE irregulares en Mercasevilla.

Como no parecía casual que hubiera intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo del Merca, se indaga en otras empresas. Efectivamente, lo de colar a personas que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en determinadas empresas era una constante al ejecutar los ERE con ayudas públicas. Estos intrusos, generalmente, eran del círculo del PSOE y/o familiares de altos cargos o hasta los mismos altos cargos, como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que aparece en uno desde el día en que nació. El nombre de Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla, es recurrente en todas las investigaciones; pero más aún el del hombre que otorgaba las ayudas, el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, sobre todo a raíz de unas declaraciones en las que habló de lo que llamaba el «fondo de reptiles», unas partidas específicas para lograr la «paz social» y conceder ayudas discrecionalmente. Guerrero habló de la existencia de un fondo de 647 millones destinados para empresas en dificultades.

Según aparecen irregularidades, la propia Junta trata de ofrecer la imagen de que se pone al frente de la investigación. Los ERE se concedían mediante organismos autónomos, como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Sin controles legales, como la publicación en el Boletín Oficial de la Junta. Pese a todo, hay informes de la Intervención General alertando de irregularidades.

La trama nace con Chaves en la presidencia de la Junta y bajo su mandato se conceden la mayoría de ERE. Él asegura que no conoce a Guerrero. Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención General puso en duda el procedimiento de las ayudas. El aforado Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004; fue quien ideó el convenio del IFA. Antonio Fernández le sucedió como consejero. Guerrero aseguró a la jueza que ninguno de sus superiores estuvieron ajenos al procedimiento. La jueza Alaya comenzó investigando a los intrusos –«las criaturitas» a las que ayudaban, según Guerrero-, que condujeron a una trama organizada en beneficio del círculo socialista.

La Junta, desde que se descubrió la trama, culpó al ex director que gestionó el «fondo de reptiles» durante casi una década, defendiendo que el fraude fue cosa de «cuatro o cinco golfos». Los cuatro golfos se han convertido en decenas de imputados y ya se investiga otro «fondo de reptiles» a través de Invercaria.

La punta del iceberg escondía una pirámide descomunal, al punto de ponerse en entredicho todo el funcionamiento de la Junta. ¿Era la arbitrariedad la práctica habitual de la Administración andaluza? En los próximos meses, en el juzgado.