La Fiscalía investiga las retribuciones de los directivos de CatalunyaCaixa

Barcelona- La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para averiguar si se cometieron irregularidades en las retribuciones de los altos directivos de CatalunyaCaixa y si son compatibles con las ayudas públicas (2.968 millones). En el ojo del huracán, según explicó un portavoz de la Fiscalía, están el presidente de la entidad, Adolf Todó, y su director general, Jaume Masana, aunque la investigación afecta a toda la cúpula.

Las pesquisas del fiscal se iniciaron la semana pasada y pretenden esclarecer si los sueldos e indemnizaciones de los altos responsables de la entidad, nacionalizada al 90 por ciento por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), se ajustan a la normativa vigente. El presidente ejecutivo de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, percibió el año pasado 1,55 millones de euros, mientras que el director general de la caja, Jaume Masana, recibió 866.000 euros. Sin embargo, el Gobierno español aprobó el pasado mes de febrero una reforma financiera que imponía un fuerte recorte a los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias intervenidas, como Todó y Masana, limitándolos a un máximo de 300.000 euros anuales. Todó, además, dispone de un blindaje de 600.000 euros y un plan de pensiones que alcanza los 3,4 millones. Por su parte, Masana tiene la misma indemnización que Todó y un plan de pensiones que ya suma 637.000 euros.

CatalunyaCaixa salió al paso de la decisión de la Fiscalía y defendió la «total transparencia y plena aprobación y conocimiento de la Comisión de Retribuciones, el consejo de administración, el Banco de España y el Frob de la política de remuneración de sus altos cargos». La entidad aseguró que se ajusta plenamente a la legalidad, y se ha puesto a disposición del órgano judicial para aclarar «cualquier duda» sobre esta cuestión. Por lo que «se han seguido las normas legalmente establecidas».

Los salarios de la discordia
- Adolf Todó, presidente de CatalunyaCaixa, percibió el año pasado 1,55 millones de euros. La reforma financiera del Gobierno limitó su salario a 300.000 euros. Cuenta con un blindaje de 600.000 euros y un plan de pensiones de 3,4 millones.
- Jaume Masana, director general, percibió 866.00 euros el año pasado. Tiene un plan de pensiones que alcanza los 637.000 euros.