Bruselas

La derecha griega pone en aprietos a Papademos

Antes de que el Gobierno técnico de Lukas Papademos comience andar, los conservadores ponen los primeros palos en la rueda.

Lucas Papademos en su primer discurso en el Parlamento griego
Lucas Papademos en su primer discurso en el Parlamento griegolarazon

MADRID- El líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, aseguró ayer ante sus diputados que «no votaremos a favor de ninguna nueva medida» de ajuste. «Nueva Democracia –dijo– tomó la iniciativa de salvar al país para garantizar la liquidez gracias al nuevo paquete de ayudas, el desarrollo de elecciones anticipadas y la permanencia del país en la UE».

Para añadir más incertidumbre sobre el futuro de Grecia, el líder conservador se negó a firmar la carta que le exige Bruselas para que se comprometa por escrito a continuar con el programa de reformas en caso de que gane las próximas elecciones anticipadas. Ayer mismo, la Comisión Europea reclamó a los líderes políticos helenos a suscribir dicho compromiso «sin ambigüedad y lo antes posible» para que Atenas pueda recibir los 8.000 millones de euros bloqueados por la incertidumbre política que atraviesa el país.

Mientras, desde el Parlamento, donde comenzó ayer el debate de tres días de la moción de confianza del nuevo Gobierno, Papademos advirtió de que «para continuar con los esfuerzos y restaurar nuestra economía, necesitamos el apoyo de nuestros colegas europeos y un nuevo programa de ajuste fiscal». «La salida de la crisis y el desarrollo no serán posibles sin sacrificios, pero esos sacrificios deben de ser repartidos de manera justa», declaró el economista, que se comprometió a aplicar los acuerdos europeos.

Y es que el ex vicepresidente del Banco Central Europeo se enfrenta a una herculiana tarea contra reloj para evitar la bancarrota del Estado, que sólo cuenta con dinero hasta el 15 de diciembre. Entre las tareas más inmediatas, el nuevo Ejecutivo de unidad, del que forman parte socialistas, conservadores y ultraderechistas, deberá poner en marcha una nueva ley fiscal, despedir o prejubilar a 30.000 funcionarios, negociar con el sector privado la quita del 50% de la deuda y luchar contra la evasión fiscal, que sustrae al Estado 150.000 millones de euros.