Pumpido no informará al Congreso de los ERE andaluces

Madrid- El PP andaluz anunció ayer que una querella contra todos los integrantes de la «trama» implicada en las irregularidades detectadas en los ERE andaluces. Los populares insisten en su cerco a la Junta: las ayudas se dieron «sin controles», «al margen» de la legalidad administrativa y «sin ninguna transparencia», ya que «nadie sabía que los fondos existían, no se publicaban en los boletines oficiales ni tampoco nadie sabía el destino».

Para acentuar esta denuncia Javier Arenas recordó que en otras comunidades hay órdenes de las consejerías que regulan la concesión de estos fondos, y que en el caso del Estado también hay una orden específica para la aplicación de estas ayudas, que llevan un informe previo de la intervención de Hacienda y un control «a posteriori» del Tribunal de Cuentas. La estrategia de Arenas se complementa con la ofensiva que en paralelo está desarrollando el PP en el Congreso para que los ERE fraudulentos castiguen también al PSOE a nivel nacional. La portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció ayer el «veto» del PSOE en el órgano de Gobierno de la Cámara, con los apoyos de CiU y PNV, a la petición de comparecencia de su grupo para que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explique en sede parlamentaria las razones de la «pasividad» del Ministerio Público en el citado caso de las irregularidades de los ERE subvencionados con fondos públicos. El presidente del Congreso, José Bono, y los representantes del PSOE en la Mesa rechazaron la iniciativa por considerar que no era correcta su redacción y pidieron que de su enunciado se suprimiesen las palabras «expedientes de regulación de empleo», algo a lo que el PP se negó por considerar que «no es de recibo que el PSOE intente silenciar uno de los escándalos más importantes de la democracia». «Se ve que la palabra ERE le da alergia al PSOE, pero más valdría que le hubiera dado alergia ese fraude», indicó la portavoz popular. Los socialistas se defendieron con el argumento de que «desde hace años» la Mesa del Congreso viene rechazando toda petición de comparecencia del fiscal general que se refiere a casos concretos.