La Junta vota a favor del nuevo recorte del déficit público por responsabilidad

Valladolid- Apoyo incondicional de la Junta de Castilla y León al nuevo recorte del déficit público «obligado» por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, apeló a sentido de la «responsabilidad» para trabajar conjuntamente en este reto complicado y díficil, al que por primera vez todas las comunidades españolas aprobaron por «unanimidad». Eso sí, el Gobierno ha sido, en esta ocasión, justo con Castilla y León, según señalaba Del Olmo al no tener que readaptar su plan de reequilibrio, aprobado el pasado 22 de marzo, al ser ya lo suficientemente austero. Un «alivio» para Castilla y León y que supone que desde la Junta se han hecho bien las cosas», al ser la única región junto a Asturias y La Rioja que se han librado de actualizar sus respectivos planes.«Estamos comprometidos con el objetivo de la estabilidad y hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros. Es tiempo de apretarnos el cinturón», señalaba la consejera Pilar del Olmo a La Razón momentos después de finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid.Eso sí, aunque este año ya se han hecho los deberes, los próximos años sí que van a ser problemáticos, ya que Castilla y León dejará de contar para el próximo año con 500 millones procedentes del Estado, y que hará, previsiblemente, reducir el Presupuesto de Castilla y León para el próximo año, aunque Pilar del Olmo señala que todavía faltan datos esenciales, como las entregas a cuenta de los años 2011 y los anticipos del nuevo modelo de financiación. Unas estimaciones, que la propia ministra de Economía, Elena Salgado, se ha comprometido a entregar en «breve plazo» a las autonomías.El acuerdo alcanzado en la tarde de ayer ratifica la voluntad de todas las autonomías españolas de adaptar sus respectivos objetivos presupuestarios para 2010-2013 a la nueva senda de reducción del déficit del 20 de mayo.Así, para el próximo año las autonomías deberán reducir el gasto en 1.000 millones de euros adicionales y los nuevos objetivos pasan del 1,7 por ciento del PIB al 1,3 en 2011 y se mantienen los de 2012 y 2013 en el 1,2 por ciento y el 1,1 por ciento, respectivamente para llegar a 2013 con un 3 por ciento de déficit público.