Sí a la vida sin excepciones

Miles de personas asistieron ayer a las manifestaciones y concentraciones que se celebraron en toda España bajo un lema común: «Sí a la vida». Todos compartían la certeza de que hay que defender la vida de todo ser humano desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural, como valor supremo que no puede ser violentado gratuitamente. La vida es el derecho primigenio del que nacen todos los demás, y como tal hay que entenderlo y, lo que es más importante, defenderlo. Las 48 asociaciones convocantes, las 300 participantes y las miles de personas que respaldaron las convocatorias así lo entienden y, lo que es más importante, están dispuestas a movilizarse para reivindicar la existencia como el epicentro de la dignidad humana. A pesar de ser una convocatoria presidida por la alegría y por unos discursos en positivo, no deja de tener un regusto amargo por cuanto dice mucho del entorno político social que estamos viviendo. Que las personas se echen a la calle para ensalzar algo tan obvio como el valor de la vida es un indicador preciso de que vivimos en una sociedad donde algunos pretender implantar como discurso único y pernicioso la cultura de la muerte. Prueba de ello son las políticas que ha impulsado el Gobierno socialista en los últimos años. Como bien decía ayer la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, «los ciudadanos no pueden aceptar que la existencia de los más vulnerables –los niños no nacidos, los ancianos– sea objeto de experimentos políticos», como así ha ocurrido. El Ejecutivo, movido por urgencias ideológicas y no por una demanda social, se ha empecinado en aprobar leyes tan controvertidas, cuestionables y polémicas como la del aborto con la intención, no dicha, pero sí constatable, de que el aborto libre puede, y de hecho lo es, otro método anticonceptivo. Así, en 2010 se practicaron en España 111.482 interrupciones voluntarias del embarazo. También se ha fomentado un «aborto químico», provocado por la píldora del día después. En 2010 se dispensaron un millón sin necesidad de receta. Y tras el aborto, la Ley de Muerte Digna. Aunque todavía no existe una legislación nacional, en dos comunidades con Gobierno socialista –Andalucía y Aragón– ya han sido aprobadas no sin ignorar que abren la puerta al suicidio asistido. La realidad es que el Gobierno legisla con un marcado sesgo sectario e ideológico toda una batería de leyes que priorizan la cultura de la muerte frente a la existencia del ser humano en todas su etapas. Se ha esmerado más en impulsar normas para interrumpir la vida que en impulsar políticas activas de ayudas para la mujer embarazada, así como mecanismos de protección y recursos para los enfermos terminales y los ancianos. Las movilizaciones de ayer responden a este déficit democrático, donde el Gobierno actúa en contra del sentir mayoritario de la sociedad y en el que no se auxilia con determinación a los más desprotegidos. Al Ejecutivo y al resto de las fuerzas políticas no se les ha dado la prerrogativa para decidir qué vida merece ser vivida y cuál no, y ayer, aparte de recordárselo, se le pidió que cesen en este intento y que se comprometan con la vida.