Correa dice que el ex presidente Gutiérrez quiere asesinarlo

El presidente insistió en esta cuestionada tesis conspirativa durante una entrevista con el canal estatal Ecuador TV: «Los golpistas no pudieron lograr su objetivo, asesinarme». Y reiteró que quienes incitaron a la sublevación fueron miembros de Sociedad Patriótica (SP), el partido político del ex presidente Lucio Gutiérrez. «Detrás de esto está el "gutierrismo". Han logrado infiltrar a la Policía, ya que son especialista en inteligencia», afirmó Correa, mientras se proyectaba un vídeo en el que un supuesto dirigente de SP aparece entre los policías que protestaban en Quito.

«Es verdad que queremos "botar"a Correa, pero con los votos, derrotarle en elecciones libres y no fraudulentas», respondió en su defensa Gutiérrez desde Brasilia, a donde viajó como observador de las elecciones de este domingo, al tiempo que indicó que «no hubo ningún intento de golpe, sino una protesta de policías a los que no les alcanza el salario y que fue usada por Correa para presentarse como víctima».

El asambleísta de SP, Gilmar Gutiérrez, hermano del ex presidente, instó al jefe del Estado a presentar pruebas de que su grupo tuvo contactos con los uniformados y defendió la honorabilidad de su familia al hacer una revelación: que la subteniente Karina Gutiérrez Bohórquez y el mayor del Ejército Robert Vargas Borbúa, hija y primo de Lucio, participaron en el operativo que permitió sacar a Correa del Hospital de la Policía, en donde estuvo once horas encerrado el jueves.

Mientras, en las filas policiales persiste el malestar y ahora reina la incertidumbre. La frase «no habrá perdón ni olvido» de Correa ya se cumple.

Horas después de la renuncia del comandante general de la Policía, Freddy Martínez, la anunciada purga llegó a los otros cinco generales de la cúpula militar. Florencio Ruiz, jefe del Estado Mayor; Euclides Mantilla, inspector de la Policía; Jaime Vaca, director general de Operaciones; Oswaldo Yépez, director de personal, y Carlos Arcos.

El sustituto de Martínez, Fausto Franco, anunció mano dura y las investigaciones para la «depuración» comenzaron ya entre los mandos intermedios. Tres coroneles están detenidos. Y puede que no sean los últimos.

La institución policial suma unos 40.000 miembros, de los que cerca del 90% son de tropa y arrastran un descontento con el Gobierno desde el año pasado, cuando se les eliminó su aguinaldo navideño.

Tras todo esto, las víctimas de los incidentes del 30-S aumentan con el paso de los días. El Ministerio de Salud difundió el pasado viernes la cifra de ocho muertos (3 en Quito y 5 en Guayaquil) y 274 heridos. El recuento aún continúa y podría aumentar.