Hacia un pacto energético

El inesperado acuerdo entre el Gobierno y el PP para suspender la subida de la luz prevista para julio abre la puerta al imprescindible pacto en torno a una política energética de futuro para la nación, que en tantas ocasiones hemos reclamado en estas páginas. La decisión de no aplicar el incremento previsto del 4% es un excelente punto de partida, pero no de llegada. Entendemos, no obstante, la lógica preocupación de la industria eléctrica por la situación de un sector que soporta un déficit de tarifa acumulado que se puede situar por encima de los 20.000 millones de euros. Compartimos también el criterio de que la responsabilidad política consiste en posibilitar que los precios estén en función de los costes. El sector arrastra desequilibrios y disfunciones estructurales que deben ser corregidos, porque hablamos de una industria estratégica que no puede estar sometida a vaivenes ni a volantazos políticos que confunden y alimentan la inseguridad. Estas urgencias sólo pueden ser encauzadas en el marco de un pacto energético como el que tanto el Gobierno como el primer partido de la oposición parecen dispuestos a afrontar, y del que la suspensión de la subida de la luz sería una consecuencia puntual, para la que también existen argumentos favorables derivados del tijeretazo social a los colectivos más desfavorecidos. Tanto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como el líder popular, Mariano Rajoy, demostraron ayer que existe voluntad real y planes para trabajar en la reforma. Gobierno y PP han creado un grupo de trabajo que, además de revisar los costes de la factura para frenar su impacto sobre la competitividad en la industria, abordará la definición de un mix energético para 2020 «equilibrado y diversificado» y el desarrollo de las interconexiones internacionales, en el que el futuro de la energía nuclear en España debe ser desempeñar un papel relevante. También se centrará en profundizar en la liberalización de los mercados, en el reforzamiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética y en las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos en energías renovables de una «manera sostenible técnica y económicamente». Este último punto es especialmente importante en la medida en que se debe evaluar si la política socialista que las ha primado de manera muy generosa es la adecuada o conviene dar un giro de 180 grados. La energía es un asunto de Estado y como tal debió ser tratada siempre, aunque el Gobierno haya tardado más de seis años en comprender que las decisiones en este terreno fundamental para el progreso y la prosperidad del país no pueden estar condicionadas por los prejuicios ideológicos o los intereses de partido. No se puede decir que la política socialista haya beneficiado a las empresas ni a los ciudadanos, por lo que ahora toca recorrer el camino que el resto de países de nuestro entorno emprendió hace ya tiempo. El nuevo modelo energético, en el que también debe ser escuchada la industria, debe solventar el déficit, reducir la dependencia, aportar seguridad y garantizar la transparencia para que empresas y consumidores sepan a qué atenerse. Si Gobierno y PP lo consiguen, el avance será histórico.