Stop demagogia por Santiago Talaya

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Si Winston Churchill viviera y le preguntaran por los desahucios intuyo que respondería lo que cuando alguien le preguntó por los franceses: «No sé, tendría que conocerlos uno a uno y luego le daré mi opinión». Y es que es tan variada y multifactorial la casuística –laboral, familiar, personal, emocional– que se esconde detrás de cada desahucio, desde la génesis del préstamo a la propia ejecución hipotecaria, que un parecer común, y no digamos una legislación homogénea, podría, pese a la buena intención, acarrear injusticias colaterales amén de una creciente inseguridad jurídica. En primer lugar porque todo el debate se está focalizando en los desahucios por impago de hipotecas, préstamos que en número tal vez elevado se concedieron irresponsablemente por las entidades bancarias. Sin embargo, no es menos cierto que muchas de esas hipotecas se solicitaron también sin la menor prudencia ni valoración de riesgos sobrevenidos a medio plazo por parte de los deudores, cegados posiblemente por su condición de nuevos propietarios. Por tanto, no se trata de no hacer nada y de obviar una ulceración social que indudablemente existe; ahora bien, se habrá de hilar muy fino para que queden razonablemente compensados los elementos de solvencia, responsabilidad y riesgo moral que toda relación crediticia implica.

De todas formas el sospechoso acercamiento de PP y PSOE sobre esta materia lleva a pensar que sea el sistema bancario mismo el que prefiera ya hacer mayores quitas o convertir en inquilinos baratos a parte de sus deudores en vez de desahuciarlos y tener que cargar con pisos vacíos, de rentabilidad nula y valor depreciado hasta un sesenta por ciento. Claro que la pregunta que inmediatamente surge no puede ser otra: ¿y nadie se preocupa ni legisla sobre el carísimo alquiler de viviendas que rige en las principales capitales de España?