Inocencia No prescripción

La secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, junto a diez de sus compañeros en la corporación municipal de Torrejón de Ardoz en el año 2001 (Francisco Martín Rojas, María de los Desamparados Gallego, Francisco Montero, Valentín Gómez, Luis Ceres, Juana Fernández, Félix Ortega, Juan Francisco López y la diputada autonómica, Esperanza Rozas) y cuatro ediles más del Partido Demócrata Español (Mar González, Josefina Guinovart, Lucía Tizón y Julián López, que se auto-representó) estaban llamados a declarar por la presunta aprobación de una permuta de un pleno de la localidad de la que era alcaldesa a pesar de que pesaba un informe en contra de este convenio. La sesión empezó fuerte. Wilfredo Jurado, el letrado que representa a la parlamentaria regional del PSOE en este caso y que, además, pertenece al gabinete jurídico del PSM, lanzó un órdago a la grande: aseguró que la causa que comenzó a enjuiciarse ayer ha prescrito porque trascurrieron más de cinco años desde que el pleno de Torrejón de Ardoz aprobó el convenio urbanístico «Patrimonio Siglo XXI» y el inicio de la investigación penal.

Una permuta de 2001
Los hechos se remontan a 26 de noviembre de 2001 y la primera acción penal la llevó a cabo la Fiscalía en 2007 cuando, según Jurado, estaba vigente el Código Penal de 1995 y ya habían «caducado» los delitos de prevaricación que podrían acarrear a los imputados una inhabilitación para cargo público de hasta ocho años. ¿Son los imputados inocentes? Según la línea de defensa del abogado del PSM este «detalle» no es relevante ya que solicitó directamente la libre absolución de todos ellos.

Tras las cuestiones previas llegó el turno de las declaraciones y el primero en ponerse delante del tribunal fue precisamente el responsable de Urbanismo en el momento en que se firmó la permuta. «Tengo la absoluta certeza y convicción que mis compañeros y demás concejales no teníamos la mínima sospecha de irregularidades» y no tuvimos «los instrumentos necesarios» para saberlo, declaró Francisco Martín Rojas quien insistió en que desconocía el informe del secretario del consistorio que alegaba la ilegalidad del convenio por el que se construyeron 107 viviendas de la «Asociación Pro Vivienda Social» además de otros 300 pisos de precio tasado. El convenio incluía también una contraprestación en metálico para el Ayuntamiento de Torrejón, como reconoció posteriormente la ex alcaldesa Rollán.

El importe que podían alcanzar las parcelas en la zona denominada «Mancha Amarilla» superaba los tres millones de euros. Una capacidad económica que, según el ex edil de Urbanismo, «el ayuntamiento no tenía» y que gracias al convenio con la empresa «Patrimonio Siglo XXI» le permitiría sacar adelante los planes urbanísticos de este área de Torrejón de Ardoz.

Esta fue una de las cuestiones importantes para la sala. La otra fue la difusión o no de un informe del secretario del ayuntamiento que declaraba ilegal la firma de la permuta y que provocó que todos apuntaran al funcionario como máximo culpable de que ellos no conocieran los «peros» que se ponían a «Patrimonio Siglo XXI».

«No tenía ningún motivo para dudar de la legalidad del convenio, estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave con 107 familias en peligro de exclusión», se defendió Trinidad Rollán quien aclaró que ella, como regidora, no participaba en la elaboración de los expedientes. Asimismo la secretaria de Organización del PSM aseguró que el secretario incorporó su informe negativo al expediente pero que no lo notificó. «Había informes jurídicos y no había ninguna situación extraordinaria que diera lugar a que no se tuviera que votar», explicó.

Tampoco conocían la existencia del citado informe los siguientes imputados en declarar. López, González, Ginovar y Tizón (todos de PADE) que aseguraron no recordar «nada» de aquella sesión.

Hoy el tribunal finalizará las declaraciones de los imputados y comenzará con el turno de testigos. Se espera que el viernes presenten las conclusiones definitivas y dejen el juicio visto para sentencia.